Las alarmas ya sonaron para el Gobierno

Por Sergio Muñoz Riveros

En el origen de las dificultades que enfrenta el Gobierno de la Presidenta Bachelet está la colisión entre los enunciados de su programa y la realidad. Ello ha sido agravado por el discurso de “inicio de una nueva era”: casi todas las iniciativas oficiales han sido presentadas como grandes hitos en la historia del país. Y sobre eso, como sabemos, sólo el tiempo dirá.

El Gobierno enmendó el rumbo justo a tiempo respecto de la reforma tributaria, a lo que contribuyó la actitud constructiva de la oposición, pero de inmediato los partidarios de la retroexcavadora dijeron que se opondrían a un acuerdo semejante en la educación. ¿Qué explica tal actitud? La visión de que, aunque el mundo ha cambiado, es necesario continuar la lucha contra los capitalistas, ahora con otros medios. Porque, ¿qué son los sostenedores de la educación particular subvencionada sino la representación fantasmagórica de ese enemigo al que se debe derrotar?

Parecía que el cónclave de Cerro Castillo iba a buscar una solución al rumbo errático de la reforma educacional, pero la Presidenta consideró que lo esencial era sostener al equipo del Mineduc y mantener la vía trazada. Los problemas, sin embargo, no se resolverán con más propaganda ni más activismo de los ministros e intendentes. Lo que está cuestionado es el sentido de los cambios. Es inexplicable que no se focalicen los esfuerzos en mejorar la educación pública. Algunos analistas han dicho que la Presidenta tomó la conducción de la reforma y salió a jugarse su capital político. En realidad, ese capital ya está en riesgo. El 6 de agosto, ella dijo a radio Cooperativa que desea que tengan gratuidad quienes ingresen o estén en la universidad en 2016. Dicho así, es inviable.

Los pasos en falso derivan de un diagnóstico errado de las necesidades del país. Es cierto que existe un genuino anhelo de igualdad en los sectores medios emergentes, pero ello no significa que reclamen un Estado omnipresente, que reduzca los espacios de autonomía que han ganado. No esperan paternalismo, sino apoyo a su propio esfuerzo.

Es urgente contrarrestar las negativas señales de la economía, para lo cual el Gobierno está obligado a despejar los factores de incertidumbre. Ello exige crear un clima de confianza que favorezca el crecimiento y apostar por la cooperación público-privada.

Felipe Harboe, presidente de la comisión de Constitución del Senado, declaró el 9 de agosto: “La profundidad del cambio impedirá tener una nueva Constitución en este período presidencial”. La Moneda calló y, por lo tanto, otorgó. O sea, un parlamentario nos informó que la principal reforma sale de la agenda del Gobierno. Así están las cosas.

El Ejecutivo necesita acotar sus objetivos, ordenar las prioridades de gasto e impulsar políticas públicas que conciten amplio respaldo. Los ciudadanos esperan que se les hable con la verdad. Por cierto que está en juego la credibilidad del Gobierno y de la propia Presidenta. Ojalá que, cuando llegue la hora del balance, el país haya conseguido algunos avances.