Lecciones del fallo de la CIDH
Por Hans Curamil Aniñir
Fundación Chile Intercultural
“El fallo es un duro revés a la política del Estado de Chile para enfrentar las reivindicaciones del pueblo mapuche, y deja de manifiesto que el uso de la Ley antiterrorista no es solución”.
Por Hans Curamil Aniñir
Fundación Chile Intercultural
“El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas…”. Con esta declaración, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sancionado al Estado de Chile por la aplicación de una ley antiterrorista, ordenando no sólo dejar sin efecto las sentencias que condenaron a los ocho dirigentes mapuches, sino que también otorgar medidas de resarcimiento a la parte lesionada.
Así, la propia CIDH ha dicho que esta ley es atentatoria contra principios fundamentales que debe poseer un ordenamiento jurídico moderno, contraría a los principios de legalidad, presunción de inocencia, de igualdad y no discriminación, además de violar el derecho a libertad personal, derecho al libre pensamiento —entre otros—. Lo anterior, obliga a plantear con urgencia una nueva ley que regule los actos de connotación terrorista y determine con claridad los casos en que se va a aplicar.
Este fallo se convierte en un punto de inflexión, en cuanto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, para las reivindicaciones mapuches que tienen por causa justos títulos, que el Estado debería admitir. En primer término, debe reconocer que la ocupación de La Araucanía después de 1881 violó la propiedad mapuche reconocida desde los inicios de la república y por último crear mecanismos jurídico-sociales validos internacionalmente para restituir dichos terrenos. No debemos confundir las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche con las acciones de grupos violentos. Este tipo de actos deben ser condenados, vengan de quien vengan.
El fallo es un duro revés a la política del Estado de Chile para enfrentar las reivindicaciones del pueblo mapuche, y deja de manifiesto que el uso de la Ley antiterrorista no es solución a esta divergencia cultural y étnica, que nos afecta. El Estado debe aprender de sus errores y construir una nueva política inclusiva para alcanzar una democracia intercultural que nos permita convivir en paz.