Segunda mirada
Tras la polémica generada por el supuesto lobby de Microsoft, volvió a la palestra el debate sobre la implementación del software libre en la administración pública. En este sentido, la constitución de la denominada ‘bancada digital’ fue celebrada con entusiasmo por sectores adherentes a esta iniciativa; sin embargo, la propia creación de esta agrupación da […]
Tras la polémica generada por el supuesto lobby de Microsoft, volvió a la palestra el debate sobre la implementación del software libre en la administración pública.
En este sentido, la constitución de la denominada ‘bancada digital’ fue celebrada con entusiasmo por sectores adherentes a esta iniciativa; sin embargo, la propia creación de esta agrupación da cuenta de lo atrasados que estamos como país en la materia.
La discusión de los beneficios del uso del software libre en el Estado debiese ser un tema superado, o al menos abordado en profundidad desde hace tiempo.
Ecuador, Uruguay y Brasil ya cuentan con un marco legal desarrollado, en el que el uso de software propietario –considerando sus costos asociados– sólo se reserva para cuando sea estrictamente necesario. El caso de Brasil es paradigmático. Desde que migró al código abierto ha llegado a ahorrar más de US$ 200 millones al año y se ha posicionado a la vanguardia mundial en cuanto a independencia tecnológica.
Si bien sus necesidades difieren por mucho de las nuestras –sólo las bases de pensiones deben manejar los datos de 22 millones de personas–, la posibilidad de adaptar los sistemas a los requerimientos propios de nuestra administración y el fomento a la producción nacional de este tipo de herramientas ya debiesen ser alicientes suficientes para imitar la experiencia brasileña.