Transparencia en los partidos políticos

Preocupantes cifras arrojó el estudio publicado hace una semana por Chile Transparente acerca de la información que los partidos políticos ofrecen en sus sitios web. De las doce colectividades evaluadas, sólo dos superaron la nota 4 y la mayor parte de ellas ni siquiera cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la ley

El asunto no es menor si se considera que, de acuerdo a un estudio realizado por PNUD, sólo un 15% de los chilenos manifiesta algún grado de confianza o identificación con los partidos políticos; los niveles más bajos de la región.

Si bien este cuadro no se puede achacar a una única razón y es un fenómeno que se repite a nivel internacional, no cabe duda que este tipo de situaciones hacen poco por disipar los prejuicios habituales que pesan sobre la clase política.

La legislación chilena hace tiempo ha demostrado estar obsoleta y mientras no se lleven a cabo avances sustanciales los resultados seguirán siendo los mismos. La agenda de transparencia, sobre todo en relación con los partidos políticos, se ha aplazado más de lo necesario y es tiempo de que se convierta en una prioridad para la actual administración.

Hasta ahora las señales del Gobierno apuntan a fortalecer la transparencia del gasto electoral, los padrones de militantes y la toma de decisiones. Asimismo, se ha propuesto aumentar el financiamiento público de los partidos y campañas e incluso eliminar los aportes privados.

Estas iniciativas son positivas, pero su eficacia debe ser vista con cautela, especialmente en lo que respecta a este último punto. A nivel internacional, no existe evidencia concluyente de que establecer un régimen mixto o público de financiamiento tenga incidencia directa en los índices de transparencia de los partidos y se pueden encontrar casos exitosos de los dos modelos.

Entre los sistemas mixtos, uno de los mejores ejemplos se encuentra en Nueva Zelandia. Junto a otras medidas, la legislación de ese país establece que cada partido registrado debe obligatoriamente designar a un auditor independiente para revisar su declaración financiera, el cual puede solicitar todos los documentos que considere necesarios. La ley exige además que las organizaciones entreguen a la comisión electoral un informe detallado de todas las personas o grupos que les entregaron donaciones durante el período.

Por el contrario, entre quienes optaron exclusivamente por fondos públicos, un caso a destacar es el de México, país que ha debido enfrentar graves casos de corrupción política desde hace varias décadas. Entre 1996 y 2008, se ha introducido una serie de reformas a la legislación que la han situado a la vanguardia en la materia. Entre otras exigencias, la ley regula la publicidad de la información de los partidos, tanto en lo referente a su financiamiento como a su organización interna.

Ambos marcos legales poseen también oficinas dedicadas exclusivamente a publicar —u obligarlos a hacerlo— la información financiera y administrativa de los partidos en sitios web, así como a responder a las inquietudes de la ciudadanía sobre el tema.

Lo hecho por estas naciones da cuenta que los problemas de transparencia no se solucionan con un modelo de financiamiento en particular, sino que a través de la aplicación de normativas claras en períodos de tiempo designados y con fuertes sanciones en casos de incumplimiento.

La aplicación de una regulación más amplia, sin embargo, no debe hacer olvidar que el ideal de la transparencia debe partir desde los propios partidos políticos. No cabe duda que reformas como la Ley de acceso o la Ley del lobby representan importantes avances para mejorar la imagen de las instituciones, pero sin una voluntad transversal de los diferentes actores políticos será imposible recuperar la confianza en uno de los instrumentos clave para el funcionamiento de la democracia.

Sin un compromiso real para actuar y fiscalizar, cualquier cambio en la legislación será —tal como demostró el estudio de Chile Transparente— letra muerta.