Cuidado con el miedo

Por Luis Cordero Vega

La explosión de una bomba la semana pasada a mediodía en una estación de Metro, cuando circulaba un número importante de personas, generó todo tipo de reacciones, pero quizá la común, expresada por los medios de comunicación, era el temor de la población. El Gobierno y los parlamentarios no se quedaron atrás y anunciaron todo tipo de medidas, especialmente las punitivas.

Aunque estos hechos son absolutamente reprobables, muchos parecen olvidar que reacciones impulsivas para enfrentarlos lo que hacen es fomentar la inseguridad y la promoción de una agenda institucional de “seguridad pública”, que en términos simples se traduce en: legislaciones penales más estrictas, ampliación de los poderes de las policías, acotada intervención judicial y una reducción inevitable de las libertades públicas.

Lo que está sucediendo en nuestro país tras estos eventos está ampliamente documentado en el mundo. Sabemos en general que estas “soluciones” se traducen en un inevitable populismo penal, que en el largo plazo no resuelven el problema original de eficiencia policial que subyace a estos actos, sino que por el contrario generan una reducción significativa de derechos de todos los ciudadanos, entre otras cosas porque ahora pasan a ser sospechosos sujetos calificados por otros como peligrosos.

Habitualmente, la respuesta a la crítica que estoy formulando se reduce a una pregunta populista: ¿usted desea tomar el transporte tranquilo o que estalle una bomba a su costado? Aunque la respuesta es obvia, su formulación es inadmisible, porque nadie quiere sacrificar su integridad personal. El problema, en mi opinión, es otro.

El argumento de que el miedo se puede vencer con más poderes para la policía es improcedente, porque esto supone reconocer la existencia de un sistema legal que resuelve sus conflictos sobre la base de la legitimidad de medidas de emergencia. Estas, particularmente en la historia del siglo XX, sólo fueron útiles para sacrificar libertades públicas y no para reducir el miedo.

El Gobierno tiene la principal responsabilidad de diseñar una agenda legislativa razonable y no caer en el populismo penal, sobre todo si este puede generar beneficios políticos inmediatos, pero lamentables para nuestra convivencia democrática en el largo plazo.