Dilemas del ministro Peñailillo

Por Luis Cordero Vega

El ministro del Interior cumple un rol esencial en el sistema institucional. Su designación es uno de los asuntos más relevantes en el modelo Presidencial, porque se transforma en el jefe de Gabinete, para indicar que es el primero entre sus pares. Es quien ejerce el cargo de Vicepresidente con el simbolismo que representa y, finalmente, está a cargo de los temas de Gobierno Interior, entre los que destaca el orden público y las competencias territoriales.

Esto explica que los debates de la agenda pública sean tan sensibles en Interior. El actual ministro había puesto énfasis en las reformas importantes para la sanidad del sistema democrático: por un lado, la reforma al sistema electoral, y por la otra, la de una nueva Constitución. La efectividad de su gestión ha sido clave para avanzar en el primero, pero la coyuntura pública pone en riesgo lo segundo.

Uno de los peligros de todo ministro del Interior es transformar la seguridad pública en uno de sus asuntos trascendentales. La seguridad tiene una influencia decisiva en la agenda pública, porque combina tres condiciones difíciles para el Ejecutivo: interpela al temor, exige una reacción ante percepciones colectivas e incentiva intervenciones de fácil exposición. Por eso el populismo penal es tan prolífico en seguridad ciudadana, y por eso la reacción de los gobiernos es tan compleja.

Esta complejidad tiene como incentivo que el Ministerio del Interior tienda a transformarse en la institución de persecución penal de facto, una labor que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público, precisamente para evitar confusiones. De eso ya aprendimos en el pasado. Por tal motivo la reacción del ministro Peñailillo en el caso de las bombas ha sido prudente. Ha evitado aparecer como persecutor y ha comprometido la gestión del Gobierno para las investigaciones.

Pero, ¿por qué el ministro debe tener claros esos riesgos? Porque en él está la responsabilidad de liderar el resultado de las reformas planteadas por el Gobierno y que hasta ahora había pavimentado con algún nivel de éxito.

Pero además, porque deberá controlar los impulsos mediáticos que generan los temas de seguridad en el Ministerio Público. Estos días, tras los resultados de la formalización y la explosión de una nueva bomba, la exposición se ha centrado en esa institución, en la que se deberá designar un nuevo fiscal nacional el próximo año, y en donde la gestión de estos casos, para algunos, puede ser una atractiva forma de mostrar su inteligencia y virtud, más allá de la prudencia necesaria en las acciones u opiniones.