El ministro Peñailillo y los bombazos

Por Gonzalo Müller

La gravedad del bombazo de ayer no está sólo en la destrucción y temor que genera en la población, sino en demostrar que una actitud condescendiente con quienes ejercen la violencia como un medio de acción política se vuelve irresponsable, porque genera una escalada de mayor peligro.

Para los gobiernos de izquierda, el orden público y la seguridad ciudadana siempre han sido temas complejos de abordar. Peor aún si los hechos tienen detrás alguna reivindicación política, la tentación permanente de la autoridad de izquierda será relativizar la acción y explicarla en un contexto social de opresión, que al final no esconde otra cosa que cierta necesidad vital de justificar o empatizar más con el agresor que con las víctimas de estos hechos. Sólo esto permite entender la insistencia majadera en explicar actos como el visto ayer en el SubCentro de la estación Escuela Militar, en el contexto de problemas sociales.

La mayoría de la ciudadanía que enfrenta innumerables problemas sociales de distinta índole, pero no comete actos de violencia política, no apedrea a nadie, no usa capuchas ni mucho menos pone bombas. Por lo que tratar de justificar a quienes hacen del terrorismo una vía de acción política es una ofensa a esa mayoría que se expresa de manera ciudadana y respetuosa de los demás. Ninguna de las catorce víctimas de ayer debe entender que alguien crea o justifique que una bomba pueda ser expresión legítima de malestar alguno.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, también comparte esta debilidad de la izquierda, ya que apenas fue designado quiso diferenciarse de las anteriores autoridades diciendo en su administración no se aplicaría la ley antiterrorista. Esta señal fue percibida por los grupos anarquistas y otras organizaciones que han multiplicado sus acciones. Es imperdonable que una autoridad no entienda algo tan básico, como que sus palabras generan reacciones por parte de los diversos actores.

No dar prioridad al respeto del orden y la seguridad de los ciudadanos es una abierta negligencia de la autoridad. Es el imperio de la ley el que se debilita cuando Peñailillo no da muestras claras de estar dispuesto a emplear todo el poder de su cargo en hacer cumplir la ley, más aún cuando una actitud poco resuelta produce que víctimas inocentes asuman los costos.

Que el Gobierno y su mayoría parlamentaria sostengan la ineficacia de la ley antiterrorista sin siquiera plantear un nuevo proyecto que permita condenar a quienes cometen estos actos, se convierte en la prueba más clara de que en esta materia nuestra izquierda sigue confundida y en deuda.