El temor a la seguridad

Por Marcela Sabat F.
Diputada RN

La madrugada del 27-F, y cuando ya existían las primeras luces de vandalismo y saqueo en las calles del Maule y Biobío, la Presidenta Bachelet se enfrentaba a la disyuntiva de declarar o no Estado de Excepción constitucional. Sin embargo, y en contraposición a lo que recomendaron altos oficiales del Ejército —los que incluso tenían redactado el decreto para la firma de la Presidenta—, se imponía la opinión del entonces jefe de gabinete de la Presidenta. Se trataba del actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien advertía los efectos políticos que podría tener para Bachelet terminar su mandato con los militares en la calle.

Lo narrado anteriormente no solo significó pérdidas millonarias para el país y una imputación a la Presidenta por los querellantes en la causa judicial; sino que además permite dar algunas luces acerca de los complejos que manifiesta la Nueva Mayoría —y en particular el Ministro Peñailillo— para encarar el delicado problema de la seguridad pública.

Algo similar ocurrió con el proyecto de resguardo al orden público, el que luego de una redacción inicial cuestionable, fue objeto de innumerables enmiendas que lo hacían una herramienta de utilidad para enfrentar el delito de desórdenes públicos, y no para reprimir la libertad de expresión y asociación, como se intentó instalar. La Concertación nunca entendió, y de seguro nunca lo hará, que en la destrucción de propiedad pública y privada no hay manifestación legítima, sino mero vandalismo.

Esta aversión al orden y a la seguridad es preocupante en este gobierno. En efecto, por meses hemos presenciado al ministro del Interior haciendo sus mayores esfuerzos por cerrar acuerdos que le permitan destrabar la ya compleja situación que enfrentan las reformas emblemáticas del Gobierno en su trámite legislativo, pero de seguridad pública, no mucho.

Quiero dejar en claro que no creo que nuestro país sea presa del terrorismo o que se haya tornado en un lugar inseguro. Sin embargo, si quienes desean sembrar el terror no ven una respuesta proporcional por parte del Estado —siempre sujeta a la Constitución y a las leyes por cierto—, persistirán en su misión, causando un enorme daño a la imagen de Chile, la que, al menos por lo que se constata de la revisión de los medios internacionales, seguro tomará algún tiempo revertir.