Expectativa de gasto
Esta semana, el Gobierno de Michelle Bachelet presenta al Congreso su primer presupuesto bajo el lema de que será una propuesta “contracíclica y social”. El proyecto debe estar aprobado el 30 de noviembre y, en el contexto del reciente despacho de la reforma tributaria y de la desaceleración de la economía, se ha generado una […]
Esta semana, el Gobierno de Michelle Bachelet presenta al Congreso su primer presupuesto bajo el lema de que será una propuesta “contracíclica y social”. El proyecto debe estar aprobado el 30 de noviembre y, en el contexto del reciente despacho de la reforma tributaria y de la desaceleración de la economía, se ha generado una expectativa de gasto que debe mirarse con cuidado.
Cada año se apela a un debate serio y de respeto de las variables macroeconómicas, lo que se va haciendo cada vez más urgente: en los últimos diez años, el gasto público per cápita ha pasado de US$ 1.075 a US$ 3.600 en 2013; es decir, se ha más que triplicado en una década. En este sentido, hay que despejar dos temas durante la discusión: uno general, sobre si realmente se logra el efecto anticíclico deseado y se justifica el impacto macroeconómico de un gasto elevado y, segundo, ya en el detalle, si los programas que se financian (especialmente en la parte social) están siendo administrados efectivamente.
Con respecto a lo primero, se ha instalado (y lo han dicho explícitamente la Presidenta Bachelet y sus ministros) que este presupuesto ayudaría a salir del escenario de desaceleración. La política fiscal puede tener un rol acotado, lo que puede tener efectos colaterales indeseados, que podrían dañar el crecimiento de tendencia o de mediano plazo. Dado que Chile es un país con acceso a flujos de capitales del exterior y con tipo de cambio flexible, el impacto de una política fiscal contracíclica afecta por la vía de una baja en el tipo de cambio y presiones alcistas de la tasa de interés, lo que a su vez daña las exportaciones y la inversión privada. Recordemos que en la crisis 2008-2009 el gasto público aumentó más de 27 % real, mientras que el PIB creció 2,2%, las exportaciones cayeron 5,2% y la inversión creció 3,6%. Claro que se deben considerar también los factores externos, pero el resultado de enfrentar el escenario con fuerte gasto público no fue exitoso como se esperaba. Además, hay que sincerar que estos aumentos de gastos durante crisis raramente son luego rebajados y se transforman en permanentes, haciendo cada vez más pesado el Estado en la economía.
Por todo lo anterior y otras consideraciones, es importante que se aclaren en el debate los alcances y los costos de embarcarse en un presupuesto anticíclico para paliar las debilidades de la economía chilena. Por el momento, se observa un exceso de optimismo al respecto, el que resulta preocupante a la luz de las experiencias pasadas.
Dejando a un lado el contexto macro del presupuesto, queda además insistir en que, dada la progresiva inyección de nuevos recursos por la vía de la reforma tributaria, éstos deben ser asignados eficientemente y su uso discutido a la luz de las prioridades sociales. Las autoridades han dicho que no tiene sentido “guardar en un cajón” lo recaudado por la reforma a la espera de que se aprueben los proyectos educacionales. Menos sentido tiene usar esos recursos, presupuestados para educación, en otros fines dispersos que no generen el impacto que la población espera de ellos. Es necesario que los parlamentarios y la opinión pública tengan conocimiento y acceso actualizado a las evaluaciones de la Dirección de Presupuestos y a las del Ministerio de Desarrollo Social. También es clave que algunas grandes partidas de gasto, como Transantiago, por ejemplo, sean objeto de un análisis detallado pero técnico, de manera de no arrastrar grandes ineficiencias año a año. Finalmente, hay que velar porque a los temas candentes de la agenda pública (este año sin duda el tema de seguridad irrumpirá con fuerza) sean asignados fondos adicionales sólo si así se justifica y en las áreas donde podría haber real impacto más allá de los anuncios. En este punto, cabe el debate de cuánto y cómo aumentar el presupuesto de los fiscales y el fortalecimiento de la ANI.
El primer presupuesto del Gobierno de Bachelet será un hito que marcará los años que vienen, dado que en él se verá cómo la nueva administración compatibilizará las grandes reformas con el marco macroeconómico. Es de esperar que sea un presupuesto más social que contracíclico y que vele por el buen uso de los recursos frescos que entran al Fisco.