Gratuidad

Por Carlos Williamson B.
Clapes UC

Parlamentarios de la Nueva Mayoría han hecho pública su adhesión a la propuesta de Gobierno de avanzar hacia la gratuidad. Se dice que “la gratuidad universal de la educación superior no es regresiva”, pero no se explica cómo justificar que al 10% más rico, que gasta alrededor de 200 mil pesos mensuales por estudiante en educación superior (Casen 2011), el Estado le dé un regalo por ese monto. ¿Es justo que las familias de clase media, que pagarán más impuestos con la reforma tributaria y cuyos padres no tienen educación superior, financien a los sectores más pudientes cuyos hijos van a la universidad?

Se señala que hay que poner fin a la segregación social. Pues bien, la gratuidad puede segregar más. Habrá algunas instituciones que se marginarán de la gratuidad porque el aporte económico del Estado será insuficiente. Si requieren más recursos para invertir en calidad, deberán cobrar aranceles, pero, como ha dicho el Mineduc, sus estudiantes no recibirán ayudas del Estado y, en consecuencia, sólo los jóvenes que pueden pagar los aranceles ocuparán sus vacantes. Ello reproduciría la experiencia en América Latina y, por ello, tanto la OCDE como el Banco Mundial no lo recomiendan.

Se afirma que la gratuidad se financiaría con un impuesto especial a los graduados. Esta opción es sorprendente porque contradice la idea de gratuidad universal, la que por definición se financia con rentas de la nación, y que toda la literatura en economía define como regresiva desde el punto de vista de la distribución de ingresos. Con el impuesto a los graduados ello no ocurre, porque el Estado financia a los nuevos entrantes y recupera los aportes cobrando un impuesto luego del egreso. No hay gratuidad universal, cada cual paga de acuerdo a lo que recibe y en virtud de su desempeño. ¿No se decía que los derechos sociales deben ser gratuitos? ¿Por qué se les cobra un impuesto a los graduados? ¿Concitará el apoyo del movimiento estudiantil?

La promesa de gratuidad no es consistente con una sociedad más justa. Hay que concentrar los subsidios en los que verdaderamente lo necesitan. La inequidad actual es enorme. El 78% de los jóvenes entre 18 y 25 años de las familias más pobres no tienen acceso a la educación superior por su mala formación o aún no cuenta con apoyo del Estado. Chile no está preparado para darse el lujo de dar educación superior gratis a los ricos.