La sanción de la SVS y sus efectos

Tras el impacto por la multa de más de US$ 160 millones que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó a varios participantes del llamado “Caso Cascadas” (hasta ahora, la mayor en su trayectoria), el interés público se orienta en lo inmediato a los pasos que vendrán. Porque ellos no tendrán sólo carácter administrativo, sino que también penal por las querellas iniciadas, y habrá además recursos de los sancionados, eventuales demandas por responsabilidad civil y quizás alguna intervención del Tribunal Constitucional. Pero el tema que trasciende las incidencias procesales y aun las absoluciones o condenas es el de las consecuencias más amplias y duraderas de este episodio para un funcionamiento legal y ético de la Bolsa de Comercio y, en general, de la institucionalidad económica.

No cabe aquí entrar en la descripción del complejo mecanismo para obtener ingresos indebidos en perjuicio de accionistas minoritarios mediante concertadas y —en cierto grado— falsas operaciones de compra y venta de acciones, que se imputa a los sancionados, ni de la argumentación de la defensa del principal acusado, de que ha sido sancionado por supuestas infracciones diferentes de aquéllas por las que la SVS lo denunció, en las cuales habría ya probado su inocencia.

Por lo demás, situaciones parecidas han dado origen a procesos de larga duración, incluso con sucesivos resultados contradictorios en sus distintas instancias hasta llegar al fallo definitivo de la Corte Suprema. Por ello, es prematuro anticipar lo que aquí ocurrirá respecto de las responsabilidades personales, pero parece evidente como primera conclusión que los hechos mismos, con independencia de su calificación final, constituyen un tal vez inesperado, pero obviamente poderoso, llamado de alerta respecto de las debilidades y aparentes vulneraciones de normas de conducta que deberían obligar por igual a todos los actores del sistema.

Es lo que han declarado las autoridades políticas y las de los gremios vinculados al problema, lo que ya representa un reconocimiento, mientras el presidente de la Bolsa asegura que, a lo menos, todo el mundo va a ser mucho más cuidadoso después de observar este tipo de sanciones. Un segundo aspecto que, entre otros, cabría analizar con más detalle es por lo mismo el de las atribuciones de la SVS, su autonomía y sus obligaciones, las que, por una parte, han intentado cuestionar judicialmente los inculpados y, por otra. reciben un respaldo formal del Gobierno. También la Superintendencia de Pensiones ha intervenido para que las AFP defiendan los fondos de sus afiliados.

Asimismo, se abre un debate acerca de si es razonable que la cuantía de las multas, pese a su magnitud en este caso, sea como ahora inferior al beneficio que se considera obtenido, al igual que la importancia y los límites de la autorregulación en la Bolsa y la conveniencia, planteada por el Fiscal Nacional y otros, de aumentar las penas, incluidas las de cárcel, por delitos económicos. Además, se observa el distinto estándar que se exigirá a las pruebas en el proceso penal, que explica en parte las dificultades de la investigación.

Cualquiera sea el resultado de la suma de acciones que se interpondrán y de las correspondientes alegaciones de inocencia, la mera posibilidad de tal maniobra daña la imagen global de los empresarios, lo que sólo puede ser revertido por una justa sanción y la comprobación de un mejorar el estándar. Pues existe hoy una mayor sensibilidad social en cuanto a los abusos contra accionistas minoritarios, consumidores o quienes estén en inferiores condiciones para la protección de sus derechos frente a una autoridad o a su contraparte en una relación comercial, sensibilidad que se da también ante los defectos de la legislación y del aparato judicial, que permiten eludir culpabilidades.