No a la impunidad
En comparación con los casi 300 atentados con bombas habidos en el país en los últimos años, el cometido junto a la estación Escuela Militar posee una diferencia cualitativa porque —junto al anterior de Los Dominicos, felizmente sin víctimas— estos atacan el eslabón más débil, pero esencial de la democracia: el ciudadano que ocupa confiadamente […]
En comparación con los casi 300 atentados con bombas habidos en el país en los últimos años, el cometido junto a la estación Escuela Militar posee una diferencia cualitativa porque —junto al anterior de Los Dominicos, felizmente sin víctimas— estos atacan el eslabón más débil, pero esencial de la democracia: el ciudadano que ocupa confiadamente el espacio público.
Lamentablemente, el lunes retornamos a un escenario donde el hombre de a pie volvió a sentir miedo en el Metro de Santiago. Uno de esos valiosos lugares de servicio y encuentro donde nuestras diferencias y particularidades se amalgaman simbólicamente en un código de conducta que, por su civilidad, nos suele sorprender a nosotros mismos. Hacía 28 años que no veíamos la penosa experiencia de víctimas del terrorismo indiscriminado en el Metro de Santiago: desde el 16 de junio de 1986, cuando una bomba terrorista mató en la estación Tobalaba a una persona y dejó numerosos heridos graves.
La cruel singularidad del fenómeno no debe ser soslayada.
La fuerte y rápida condena de la Presidenta al atentado y su enérgico llamado a la unidad para combatir la violencia terrorista es de máxima importancia. La actitud presidencial ha obligado a un sector de la Nueva Mayoría a cambiar su anterior posición respecto del terrorismo. Hasta hace poco, predominaba en algunos partidarios de izquierda una mezcla de ingenuidad, errores de apreciación y ambigüedad sobre la energía y forma de combatirlo.
Pero con su ya conocido pragmatismo, la Presidenta ha convocado a todos los partidos e instituciones sin vacilar, bajo un norte que ya no admite ambivalencias. El arco de personajes que se sentaron en su mesa el miércoles pasado para ponerse a disposición de la tarea es inédito: desde la UDI al PC, todos remando hacia el mismo lado. Veremos, posiblemente, muchas diferencias de matices en la discusión que viene, pero la reacción de la Presidenta ha generado un ambiente propicio para enfrentar el problema con profundidad y rapidez.
Es de esperar ahora que el episodio active una reacción igualmente nítida y eficiente en el resto de los actores institucionales, especialmente Carabineros, Investigaciones y el Ministerio Público. No es necesario esperar la promulgación de una ley para que las policías mejoren el deficitario estándar que poseen en el cumplimiento de sus deberes respecto de este tema.
Actuando dentro del marco legal, los culpables del atentado del lunes deben ser identificados y puestos a disposición de la justicia con pruebas contundentes. Sólo así tendrá consistencia la unidad de los sectores políticos y la serie de medidas anunciadas para superar las deficiencias legislativas y coordinar a los organismos encargados de la seguridad ciudadana, incluyendo la creación de una entidad especializada de Carabineros.
En otras palabras, la impunidad es intolerable. El ciudadano de a pie, el sujeto central de la democracia, no merece otra respuesta que el que los responsables sean enjuiciados. La impunidad tendría aquí efectos perversos para la vida cotidiana y la confianza en las instituciones democráticas.