Nuestra democracia, nuestra economía y el financiamiento político

Por Guillermo Larraín

Muchos analistas económicos hablan como si “lo político” fuera secundario, un estorbo al funcionamiento de los mercados. Muchos analistas políticos hablan de “lo económico” como si todo fuera posible y no existieran límites a lo que pueden entregar los mercados. En 1958, Aníbal Pinto, uno de los más preclaros economistas chilenos del siglo XX, escribió: “tal contradicción (entre el grado de desarrollo de la democracia y de la economía) tendrá que romperse o con una ampliación sustancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que, en esencia, son incompatibles con una economía estancada”.

Pinto advertía que democracia y economía se necesitan mutuamente: una democracia sana requiere crecimiento y la sostenibilidad del crecimiento requiere democracia. Tal retroalimentación entre ambas esferas parece haber desaparecido. Desde la derecha, obnubilados por la frase “¡es la economía, estúpido!”, piensan que siempre y en todo lugar lo relevante es la economía. Cualquier avance democrático o social que pudiera tener un costo (por transitorio que sea) en el proceso de crecimiento, se lo critica como si lo que se logra no tuviera valor alguno.

Desde la centroizquierda muchos piensan que es obligación de los empresarios invertir, que cualquier exigencia debe ser atendida y cualquier duda parece complot. La ciudadanía anda más o menos en lo mismo. Claro, con los niveles de desigualdad de Chile pareciera que se puede pedir sin costos cualquier cosa a los que tienen mucho. Y la verdad es que invertir no es obligatorio.

La economía y la democracia se necesitan mutuamente, lo que debe tener claro todo el espectro político. Cuando la política se toma el mercado, la estabilidad necesaria para invertir se desvanece y la economía se estanca. Cuando lo económico ahoga la política y la democracia parece solo funcionar para promover intereses económicos de grupos particulares, la confianza en las instituciones democráticas se viene abajo, y para algunos los canales institucionales dejan de ser la forma predilecta de encauzar sus demandas.

Con este marco conceptual, cómo interpretar lo que está ocurriendo en Chile: ¿es la política la que ahoga al mercado o es la economía la que ahoga la democracia? No tengo duda de que si uno tiene que elegir una de estas opciones, la que prevalece es la segunda: la lógica de Pinto se invirtió. En 25 años, ha sido tal la predominancia de la lógica económica —en desmedro fundamentalmente del discurso y lógica democrática y social— que las instituciones representativas languidecen desde hace tiempo, su credibilidad está por los suelos. Y quienes en el campo de “lo económico” piensen que esto es bueno, cometen un gravísimo error.

¿Cómo corregir esto? Estamos en eso, pero hay riesgos. Terminar con el binominal es condición necesaria, pero no suficiente. Aumentar los niveles de autonomía de las regiones, o sea, llevar la democracia a lo local, también es relevante.

En este contexto, las empresas debieran estar fuera del financiamiento de campañas. Las campañas políticas contribuyen poco y nada a mejorar el entendimiento del pueblo sobre los desafíos del país y sus formas de solución. Todo es imagen y eslogan sin contenido político, es decir, es publicidad.

Y como ha quedado claro en los números dados a conocer por el Servel, muchos parlamentarios de derecha, centro e izquierda reciben una abrumadora mayoría de fondos de empresas. ¿Por qué éstas harían aportes para que alguien mejore su imagen? Simplemente no es creíble que una empresa haga una donación sin que el candidato entienda que está entrando en un negocio, que no tiene por qué ser explícito, no hay por qué ser grosero. Pero el interés del candidato por ser reelecto lo hace pensar en su campaña futura, y esto es suficiente para alinear (en alguna proporción) intereses de aportantes y receptores. Así, los intereses de las empresas están desmedidamente presentes en el funcionamiento de la política, mientras la influencia de los ciudadanos es escasa.

Para retomar la senda del crecimiento alto, no bastan reformas aquí o allá que mejoren aspectos técnicos del proceso de asignación de recursos. Lo que necesitamos es una nueva relación entre economía y política. Desde la economía que se entienda la dignidad de los más humildes, el valor de las decisiones colectivas y las iniciativas descentralizadas. Desde la política que se considere que nadie está obligado a entender el modelo de sociedad a la cual uno aspira y que, por lo tanto, una parte importante del discurso político es educar, explicar y convencer a los adversarios.