Polémica por ritmo de concesiones

Hace unos días, el ex Presidente Ricardo Lagos abrió una fuerte discusión en el marco de un encuentro de Icare, al criticar el poco avance en concesiones y asegurar que, en materia de infraestructura, “no hay problemas financieros, aquí falta decisión política”.

Su apreciación está respaldada por una reconocida pérdida de dinamismo del ritmo de las concesiones en la última década, lo que no condice con las crecientes exigencias de una ciudadanía que demanda del Estado más y mejores servicios en materia hospitalaria, de vialidad y seguridad ciudadana. Recordemos que la concesión sólo supone ampliar la oferta estatal de servicios, ya que se usa, entre otras cosas, para aumentar las camas disponibles en el sistema asistencial de salud o para construir vías en zonas alejadas. En este sentido, las voces que se han levantado tras las declaraciones del ex Mandatario que critican la vía de las concesiones se equivocan en presentar esta alternativa como un aumento de la privatización de las esferas sociales, ya que es un aumento de oferta pública y no privada de prestaciones.

Parece ser que las concesiones han quedado atrapadas en una inconveniente y falsa dicotomía —donde lo público se opone a lo privado—, sin considerar el importante aporte de la gestión empresarial en sacar adelante proyectos que van en beneficio de la sociedad. Además, hay rezago en varias áreas y los expertos estiman que el déficit de infraestructura en Chile llegará a los US$ 100 mil millones a fines de la década.

El actual Gobierno ha dado señales mixtas en el tema en los últimos meses y, de cara a la desaceleración económica, es clave que se ordene el discurso. Por una parte, hace unos meses se dio a conocer el Plan de Concesiones de Obras Públicas 2014-2018, anunciándose una cartera de proyectos por cerca de US$ 10 mil millones. En él, correctamente se da continuidad a proyectos relevantes del gobierno anterior (entre ellos, Américo Vespucio Oriente o extensión del Aeropuerto Merino Benítez); sin embargo, se retrocede en algunos proyectos de hospitales y se retoman algunos que fueron cuestionados en el pasado por su rentabilidad social. Distintos ministros muestran importantes diferencias entre sus declaraciones públicas, destacándose especialmente la discrepancia entre la ministra de Salud, que se mostró reacia a las concesiones hospitalarias, y el ministro de Obras Públicas, que esta semana anunció que las concesiones en obras públicas potenciarían 45 mil empleos al año como parte de los ejes de la llamada Agenda de Reactivación.

En este debate se debe exigir, primero, señales claras del Gobierno en materia de respeto de las concesiones ya acordadas. El caso del hospital de El Salvador, donde se abrió la puerta a cuestionar un proceso ya cerrado, por presiones del personal, sienta un mal precedente. Segundo, se debe velar por explicar y validar el concepto ante la opinión pública, mostrando los beneficios que tienen las cárceles y hospitales concesionados en materia de calidad para los usuarios. Tercero, se debe continuar el perfeccionamiento de diseño y adjudicación para no subir los costos posteriores, como pasó en algunos casos, dañando la imagen del mecanismo. Y finalmente, con el mismo objetivo de preservar en el largo plazo el consenso social en torno a las concesiones, es clave fortalecer el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas, que en varios casos han estado en entredicho.

Así, en el tema concesiones, como en varios otros que están marcando el debate, el foco debe siempre ponerse en la calidad de los servicios a los ciudadanos, para orientar correctamente los recursos públicos y las expectativas, y no desviarse por generalizaciones políticas que dañan las prestaciones sociales.