¿Quién responde?

Por Gonzalo Müller

Y cuando falla el Estado, ¿quién responde por las víctimas? La sensación de inseguridad producida por los bombazos y en especial por el ocurrido en el subcentro de Las Condes, donde 14 personas resultaron heridas por una acción terrorista, puso en evidencia el desamparo e inseguridad en quedan las víctimas de estos actos, sin saber quién o cuando respondería por sus tratamientos y daños.

Existe hoy un clima de impunidad frente a las acciones terroristas, creado por una ley que, de tanto podarla, ha quedado impedida de cumplir su rol; un ministerio público y tribunales de justicia que no han entendido su responsabilidad frente a la ciudadanía en ser eficaces en la defensa y protección de sus derechos, y que cualquier negligencia o tolerancia en esta materia sólo alienta a los grupos violentistas detrás de estas acciones. Sólo si todos los poderes del Estado actúan con unidad de propósito podemos esperar que el combate del terrorismo sea eficaz. Es nuestra democracia y el propio estado de derecho -desafiados por el extremismo-, la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos es directa y evidente, y por lo mismo su falla establece una consideración especial por quienes han sido las víctimas de estos hechos. No es justo que quienes se ven expuestos a los efectos de un acto terrorista deban asumir por sus propios medios las consecuencias y daños que estos le han provocado, sino que aparece de toda justicia que sea el Estado quien asuma la obligación de indemnizar a estas víctimas. Las razones de que esta indemnización deba ser asumida por el Estado, son, en primer lugar, admitir que su falta en dar seguridad y protección a los ciudadanos y, en segundo término, entender que en las mentes de los violentistas, el verdadero objetivo de sus actos es el propio Estado, a quien ven como un órgano opresor al cual deben combatir y donde los daños que sufran las personas que son heridas son algo accesorio en la persecución de su fin. Un Estado débil en enfrentar estas agresiones, incumple uno de los objetivos mismos de sus existencia que es el de proteger el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas. Por esto, la urgencia que debe tener el propio Estado en hacer justicia y al mismo tiempo, asumir su responsabilidad frente a los ciudadanos. Ahora que el Gobierno y los partidos aparecen comprometidos con una condena unánime frente a estos hechos de terrorismo, se abre una oportunidad de que esas palabras se traduzcan en hechos, y que se tramite con la urgencia necesaria una nueva ley antiterrorista que refleje con fuerza estos dos principios, el de garantizar la persecución efectiva de los responsables de estas conductas, aplicando todas las herramientas persecutorias del estado de derecho, y el que la reparación del daño causado por esta falla del Estado esté asegurada de manera pronta y oportuna para todas las víctimas de la violencia terrorista.