Segunda mirada

Este jueves se celebrará el referéndum que decidirá si Escocia continúa o no perteneciendo al Reino Unido, cuyo resultado a la luz de las encuestas aún es difuso.

Sea cuál sea la resolución, el gobierno británico ha actuado con responsabilidad. Pese a oponerse firmemente a la disolución de la unión entre ambas naciones que comenzó en 1707, ha decidido llevar todo por la vía institucional y limitarse a exponer al pueblo de Escocia los beneficios de mantener el tratado.

Los efectos de una posible independencia escocesa, sin embargo, pueden no ser tan positivos para el resto de los estados europeos.

Aun cuando la situación constitucional de Escocia poco tiene que ver con la de otras regiones con aspiraciones separatistas, su independencia puede generar una reacción en cadena en Europa, para la que no todos los gobiernos están tan preparados como la administración de David Cameron.

En los próximos años, España podría enfrentar una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña, a la que se podrían sumar nuevas tentativas en la a estas alturas crónica desintegración de los Balcanes (la República de los serbios de Bosnia ya ha dado pasos en esta dirección).

Frente a esta situación, es necesario que los organismos internacionales velen por la integridad de los estados ante las secesiones unilaterales de ciertos territorios. La pasividad con la que se han enfrentado los casos de Kosovo, Crimea y el Cáucaso Norte no puede repetirse.