Arriendo establecimientos

A la reforma educacional del Gobierno le espera un complejo paso por el Senado, tanto a la luz del agitado trámite en la Cámara Baja que concluyó el martes pasado, como de la creciente oposición que ha ido generando en una parte de la sociedad civil, visible en la concurrida marcha que realizó este fin de semana la Confederación de Padres y Apoderados en contra de la iniciativa.

El inicio acalorado de la fase senatorial parece seguro con el anuncio de reponer dos indicaciones que resultaron controvertidas en la etapa anterior; a saber, el castigo con cárcel para quienes lucren en la educación con fondos públicos (promovida por un grupo de diputados) y la que permite arrendar inmuebles con fines educativos a terceros no relacionados (respaldada por el Ejecutivo). En especial la segunda, que el Gobierno busca reponer luego de que fuera rechazada con votos de su propio sector, podría acarrear serios problemas al sistema educativo en caso de no prosperar, pues una gran cantidad de establecimientos operan con instalaciones arrendadas y no tienen recursos para comprarlas.

Si bien la Presidenta Bachelet y el ministro Eyzaguirre han sido enfáticos en que el cierre de colegios no es un propósito de la reforma tal como está concebida, ni tampoco un efecto secundario deseado, es plausible que la imposibilidad de arrendar instalaciones no deje otra alternativa a muchos sostenedores. El Gobierno aceptó agregar la indicación a su proyecto original a instancias de la Iglesia —pues el mayor impacto de la medida recaía en los colegios católicos que le arriendan edificios—, especificando que el arriendo podía ser válido en tanto fuera acordado con una corporación sin fines de lucro. Aunque esto pueda entenderse como una forma de reconocer el rol clave que la Iglesia y las instituciones ligadas a ella han jugado en la educación de Chile a lo largo de toda su historia, es claro que dicho criterio consagra en la práctica una discriminación que perjudica a los colegios laicos y no católicos, algo que hasta ahora no se ha sopesado debidamente y que amerita corrección.

El Ejecutivo, en tanto, deberá hacerse cargo de las implicancias de eso para su objetivo de proscribir el lucro en la educación, que parece estar en la raíz de las dificultades que enfrenta la reforma, tanto a nivel práctico como conceptual.