AVP e inclusión

Luego de tres años, el martes fue aprobado por el Senado el proyecto de ley del Acuerdo de Vida en Pareja, que permitirá regular la situación de todos aquellos que conviven sin estar casados.

Es a todas luces un triunfo para toda la comunidad homosexual, encabezada por movimientos como el Movilh, que lograron establecer la discusión en la opinión pública y las instituciones. Sin embargo, éste proyecto afecta también a parejas heterosexuales.

Más allá de las discrepancias ideológicas que el AVP pudiera tener en términos de familia y matrimonio, el acuerdo será capaz de regular una situación que no podemos obviar. Es preciso recordar que el AVP no es exclusivo para homosexuales. Está enfocado a todas aquellas parejas que tengan juntas un proyecto de vida, sin discriminación de sexo. Es un proyecto que pretende amparar bajo la ley a la creciente tasa de parejas que conviven, y que supera ampliamente a las parejas que hoy están contrayendo matrimonio. La proporción de mujeres de 25 a 29 años que viven en pareja sin estar casadas subió desde 4% en 1982 a 14% en 2002.

Actualmente en Chile hay dos millones de personas que conviven con su pareja. Entre las bondades del AVP se encuentra el hecho de la regulación del patrimonio y los derechos a la salud, previsión y herencia, de modo similar a un matrimonio, pero en un contrato mucho más simple. Su disolución también es bastante más fácil que el engorroso trámite de divorcio: sería un trámite que puede tardar una mañana.
El ejemplo de otros países también es decidor. Suecia fue pionero, promulgando la Ley de Hogar Común de Cohabitantes Extramatrimoniales, en 1987. Hoy permite incluso otorgar visa a la pareja de un ciudadano, sin necesidad de un matrimonio. En Francia, el Pacte Civil de Solidarité funciona desde 1999 y acoge a parejas sin distinción de género.

Si bien el principal impulsor del proyecto fue la comunidad gay, su resultado comprende un beneficio para muchas más parejas, afectando de forma directa a los dos millones de chilenos que hoy conviven. El AVP refleja el compromiso del Estado de hacerse cargo de una realidad, y es una esperanza para todas estas parejas que se han visto desamparadas frente a la ley por no querer o no poder optar al matrimonio. Este proyecto es un avance con miras a una sociedad más inclusiva.