Contraloría y su rol institucional

Por Luis Cordero Vega

Tras las declaraciones del contralor en un seminario con estudiantes en la Universidad Católica, se ha levantado un sinnúmero de críticas. Muchos han aprovechado esta controversia para solicitar reformas a esta institución, algunos buscando transformar su propia naturaleza.

Aunque es legítimo que discutamos sobre las declaraciones del contralor, lo que pareciera prudente es no confundir esas críticas con el rol que ha cumplido la Contraloría en la sanidad del sistema institucional chileno.

Quizá muchos desconocen que su creación en 1927 tuvo por finalidad ordenar la administración pública en el respeto a la legalidad, la gestión de los fondos públicos y la contabilidad de la nación. Hasta esa fecha, las críticas a la función pública eran demoledoras. El éxito de su funcionamiento en sus primeros años llevó al Congreso en 1943 a reconocerle su autonomía en la Constitución, con la finalidad explícita de controlar el presidencialismo.

Las décadas de los 50 y 60 son reconocidas por los especialistas como la época de oro de Contraloría. En ese período se establecieron los criterios más importantes en el desempeño de su función pública, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días, como el control de la probidad pública.

Ese rol institucional explica los conflictos que el Presidente Allende tuvo en muchos de sus decretos. En dictadura, la Contraloría objetó la legalidad del llamado a plebiscito para consultar sobre la legitimidad del régimen, lo que llevó a la salida del contralor titular y el nombramiento de uno transitorio que finalmente aprobó ese decreto. En democracia, ese rol ha sido relevante para llevar a cabo parte de las iniciativas de los gobiernos democráticos, aunque no sin inconvenientes, lo que permitió adoptar reglas complejas en materias urbanísticas, ambientales, mercados regulados, tarifas, entre otras.

Contraloría ha jugado un rol estratégico en el desarrollo de la administración pública. Ha sido ella la que, frente a limitadas regulaciones legales, ha fijado criterios para un funcionamiento uniforme de los organismos administrativos, ha resguardado adecuadamente la función pública y ha establecido criterios razonables en materia de fiscalización de los fondos públicos. El reciente informe de evaluación de la OCDE sobre esta institución destaca precisamente los aportes en este tipo de materias, sin perjuicio de las razonables recomendaciones de mejora, sobre todo en auditorías y toma de razón.

Por eso conviene separar las opiniones de quien ejerce temporalmente el cargo de contralor, del rol institucional de Contraloría. Confundirlas puede tener consecuencias lamentables para el sistema de control de nuestra administración pública, que ha gozado hasta ahora de un respeto general.