Discutamos sobre terrorismo

Por Felipe Harboe
Senador de la República

El terrorismo como herramienta política ha estado presente a lo largo de la historia. Si bien los déspotas lo habían usado durante milenios para aplastar la resistencia del pueblo, fue en la Revolución Francesa cuando Robespierre declaró que el terror era “justicia inmediata, severa e inflexible”, una “emanación de la virtud” y una “consecuencia natural del principio general de la democracia”.

En la época de las independencias, el terrorismo se solía asociar a quienes realizaban acciones bélicas destinadas a lograr la emancipación. A mediados del siglo XX, el término se utilizó para identificar a quienes atacaban a políticos, fuerzas del gobierno o regímenes establecidos. Tanto así que incluso el régimen nazi calificó de terroristas a los saboteadores de la resistencia francesa.

Fue en 1940 cuando Menahem Begin, líder del grupo terrorista Irgún, motivó la expulsión británica de Palestina a través del atentado al hotel King David en Jerusalén, en el que murieron 91 personas. De igual forma, atentados en París y otras ciudades de Francia durante la década del 50 fueron el método utilizado por los argelinos para lograr la expulsión de los franceses del norte de África. En la década del 60 se recordará la frase del Presidente Kennedy, quien al referirse a Vietnam la definió como “una pequeña guerra de terrorismo y subversión política por parte de algunos habitantes del Viet Cong”.

La masificación de la televisión permitió conocer en tiempo real el secuestro de atletas israelíes en los juegos olímpicos de 1972. Este acontecimiento se conoce como el inicio del terrorismo televisado o del temor masivo. Desde ese momento se observa una voluntad prede terminada de causar el daño y, adicionalmente, generar un impacto generalizado para erigirse como organización poderosa y temida. Se busca multiplicar la onda expansiva de temor.
Hoy Chile inicia la discusión sobre terrorismo y buscará normas para enfrentarlo. Es preciso recordar la historia y repasar las consecuencias de los actos terroristas en los procesos legislativos. En algunos países, la consecuencia inmediata fue la dictación de normas abiertamente reñidas con las libertades individuales de los ciudadanos honestos y pacíficos.

Ciertamente, el terrorismo y la violencia merecen nuestra condena transversal, pero ello no puede condicionar emocionalmente al legislador, ya que el resultado de la discusión debe tener la virtud de dotar a la autoridad —con prescindencia de la autoridad gubernamental de turno— de normas procesales eficaces y normas sustantivas proporcionales, que pasen los exámenes de constitucionalidad y respeto de los derechos fundamentales.

El equilibrio entre el derecho a la seguridad y la correlativa obligación de la autoridad de proveerla no es fácil de lograr. Será el legislador quien deberá hacer los esfuerzos para abstraerse de la legítima indignación acerca de los últimos hechos, de los comprensibles traumas de nuestra historia reciente y de sus adscripciones políticas, para tomar parte de una discusión en beneficio de nuestra democracia, de la seguridad y, por tanto, de la libertad de nuestra sociedad.