Educación: Prioridades desalineadas

Fueron los estudiantes los que en 2011 levantaron un movimiento social que puso en el centro del debate el financiamiento y la calidad de la enseñanza. Resulta entonces altamente valioso revisar si las reformas que esta semana entran en la recta final en la Cámara de Diputados responden a las necesidades de los jóvenes que dieron la señal de alarma. Una revisión de la encuesta MORI a alumnos de 3° y 4° medio de todo el país revela que las primeras iniciativas en el Congreso no se alinean con las prioridades de la generación que hoy egresa del colegio.

Según el “Barómetro de la Educación Superior 2014”, el 34% de los estudiantes encuestados cree que la calidad de la enseñanza es el principal problema y el 18% considera que lo es la calidad de los profesores. Para más de la mitad, el tema prioritario es la calidad; sin embargo, los objetivos del cambio que se vota esta semana apuntan a terminar con el lucro, el copago y la selección. Hay amplio consenso entre los expertos acerca de que la calidad se juega en el aula y por la vía de mejores profesores y directivos. Los alumnos están en la misma línea, pero el proyecto de carrera docente que estaba en tramitación fue dejado de lado y no hay otro presentado. Los cambios en la propiedad y el financiamiento, si bien han sido ligados por el actual Gobierno a mejoras en la equidad, no garantizarían calidad y, peor aún, podrían dañarla si se reduce la oferta académica y cierren colegios particulares subvencionados de buen nivel. Este desalineamiento en los primeros proyectos podría explicar que en torno al 60% de los alumnos encuestados no ve ningún efecto en la reforma.

Un dato interesante de esta encuesta es que una amplia mayoría de los estudiantes (más de 80%) considera que el Estado debe involucrarse más que hoy en educación. Algunos podrían concluir que piden más educación proveída por el Estado a través de la restricción de colegios particulares y el aumento de universidades estatales. Sin embargo, la fuerte tendencia a elegir colegios particulares subvencionados por sobre los municipales en los últimos años y la fuerza de las universidades privadas en la matrícula hacen pensar que lo que hay tras esta demanda es la necesidad de que el Estado vele por la calidad, sea cual sea el proveedor. Las superintendencias y agencias de calidad podrían ser la clave para conciliar las necesidades de los estudiantes, sin lesionar su capacidad de elección.