Financiamiento electoral

Por Eugenio Guzmán

La decisión del Gobierno de terminar con los aportes reservados en el financiamiento de campañas puede tener muchas interpretaciones. Sin embargo, lo que está claro es la reacción a lo que está ocurriendo con la coyuntura política. Es importante que ciertos aspectos sean considerados al momento de debatir el proyecto, pues la relación entre dinero y política es compleja y conflictiva, y la experiencia comparada es elocuente al respecto.

El financiamiento, sea público o privado, genera sesgos a favor de los que poseen los cargos: los incumbentes o autoridades que van a la reelección. No porque reciban más recursos, sino porque precisamente los tienen. Cualquiera sea el diseño institucional debiera tener en cuenta esto. Dicho en otros términos: si basados en cualquier principio de igualdad de financiamiento, en que cada candidato recibiera la misma cantidad de dinero, dicha cantidad tendría mayor impacto tratándose de un incumbente, y menor en un candidato desafiante.

¿Qué alternativa tienen los desafiantes de competir en igualdad de condiciones? Sólo su capacidad de recabar recursos de manera eficiente desde los privados, lo que no siempre ocurre, por las ventajas que tienen los que van a la reelección. Prohibir el aporte privado sería poner una lápida sobre los desafiantes.

Se ha cuestionado la posibilidad de que las empresas puedan donar a las campañas. Muchas legislaciones lo permiten, no sólo a partidos sino también a candidatos. Países como el Reino Unido, Alemania y España permiten este tipo de donaciones. Francia, Grecia, Estados Unidos, lo prohíben.

Existen aspectos que es importante resguardar a la hora de diseñar cualquier institución o política pública, y tiene que ver con las consecuencias no deseadas que se sigan de ella. Un ejemplo lo constituye el financiamiento de partidos ad hoc a las campañas, cuyo arraigo y seriedad es cuestionable. Es importante el estatuto y control de gastos que se haga de los partidos.

Sería ingenuo pensar que la influencia del dinero no ocurre por la vía de la capacidad que tiene el Estado de movilizar recursos de manera opaca, por ejemplo a través del presupuesto. Pero esto también se logra a través de mecanismos como el tipo de contratos laborales en la administración pública. Esto permite espacios de discrecionalidad suficientes como para asignar recursos suficientes en períodos de campaña. Una ley de financiamiento de la actividad política no puede dejar sin abordar este tema. De lo que estamos hablando es de política y dinero, más aún si se comprometen recursos públicos.