Funcionarios públicos
Las altas remuneraciones que reciben ciertos colaboradores del Estado han vuelto a encender el debate político durante los últimos días y con ello resurge la discusión acerca de la calidad jurídica de los cargos en el sector público. Un debate que debiera permitirnos avanzar hacia una real modernización del aparato público. En el último informe […]
Las altas remuneraciones que reciben ciertos colaboradores del Estado han vuelto a encender el debate político durante los últimos días y con ello resurge la discusión acerca de la calidad jurídica de los cargos en el sector público. Un debate que debiera permitirnos avanzar hacia una real modernización del aparato público.
En el último informe de la Dipres sobre los recursos humanos del Estado se constata que los funcionarios públicos ya rondan las 250 mil personas. De este total, 85 mil se desempeñan bajo la figura de planta administrativa, lo que implica, entre otras cosas, inamovilidad laboral; 125 mil están a contrata, modalidad que conlleva un contrato a plazo fijo que les asegura previsión, pero los priva de beneficios como las indemnizaciones; y otros 33 mil laboran a honorarios, con jornadas completas o parciales.
El punto es que, en una década, los funcionarios de planta se han mantenido casi constantes, mientras que aquellos a honorarios o a contrata han crecido sostenidamente. Y a pesar de que el Estatuto Administrativo establece que los trabajadores de planta deben ser al menos el 80% de la dotación total, los distintos gobiernos han optado por no aumentarla mientras no se elimine la inamovilidad.
Las grandes reformas que se están discutiendo estos días y los inmensos desafíos que enfrenta el país vuelven impostergable una discusión más profunda y abierta sobre la necesidad de modernizar este sector. El diseño y la implementación de las reformas tributaria y educacional, entre otras, demandarán del Estado y sus funcionarios los más altos niveles de preparación y dedicación.
Si queremos un Estado ágil, preparado y ajeno a los caudillismos políticos, sorprende que no emerja en la discusión la posibilidad de abrir las contrataciones del sector público al Código del Trabajo, utilizando la misma figura que se exige al sector privado y que asegura a los trabajadores un contrato indefinido, pero que elimina la inamovilidad. Esto necesariamente obliga a la profesionalización y la racionalización de los recursos humanos.
El número de empleados del Estado no puede seguir creciendo.
Funcionarios estatales contratados en el marco del Código del Trabajo no son una novedad. Casi el 90% de los empleados de Corfo y un porcentaje similar de otros servicios como Sercotec se desempeñan así, con todas las ventajas que esto conlleva. De concretarse una reforma laboral, ésta también debiera incluir a los funcionarios públicos.