Pagar el costo

Por Mariana Aylwin

Desde que se presentó el proyecto del fin del copago, el lucro y la selección he sostenido que la expectativa del Gobierno de que un cambio de paradigma terminará con la desigualdad educativa y mejorará su calidad es, al menos, desmedida. Sobre la base de la investigación que existe, es probable que sólo el fin del financiamiento compartido tenga un efecto positivo sobre la inclusión. En especial en sectores vulnerables, pues implica aumento de subvenciones (aunque sea una ilusión pensar que los padres con más recursos van a dejar de invertir en la educación de sus hijos). Los posibles efectos negativos, cada vez más evidentes, se han mirado con mucha liviandad. Han sido calificados como “la campaña del terror” de los “defensores del lucro”, o considerados como el costo de esta gran transformación. Algunos lo han comparado con la reforma agraria.

La pregunta es si el Gobierno ha evaluado las consecuencias de asumir estos costos. Hasta el momento, no se ha conocido información concreta del Ministerio de Educación respecto de las características de los sostenedores y las situaciones que el proyecto de ley debe enfrentar, si no quiere que la tensión en el sector privado se mantenga, con su consiguiente paralización y polarización.

¿Cuántos sostenedores arriendan? ¿Cuántos con partes relacionadas? ¿Qué montos están pagando actualmente por los arriendos? ¿Cuánto hay de lucro encubierto? ¿Cuántos sostenedores pagan deudas por la inversión que han realizado? ¿Cuánto de la infraestructura tiene hipotecas? ¿En qué rangos se mueven las diferencias entre tasaciones fiscales y valores de mercado? ¿Cuántos establecimientos están en los márgenes mayores de copago y qué decisiones están tomando? ¿Cuántos sostenedores no están disponibles bajo ninguna circunstancia para traspasar la infraestructura? ¿Cuántos lo harán porque no tienen otra opción? El Gobierno debe entregar una estimación de los establecimientos que están en riesgo de cerrar o pasar a ser pagados para acoger las legítimas inquietudes de miles de familias y sostenedores, y dar respuestas claras sobre cómo enfrentará esas eventuales situaciones. Si no lo hace, es atendible que se extienda la idea de que estamos ante una consecuencia no declarada de reducir el sector privado y que lo que se busca es “hacer el costo”. Al menos, sepamos de qué costo se trata.