Robos a cajeros: un delito racional

Por Antonio Frey
Subsecretario del Prevención del Delito

En los años 60, la Teoría de la Elección Racional marcó un fuerte impacto al despojar al crimen de su dimensión únicamente moral, definiendo a los infractores como sujetos económicos que se moverían de acuerdo con una lógica de costos (cuantía de las penas y probabilidad de ser condenados) y beneficios (las ganancias que pueden obtener).

Esta caracterización se adapta perfectamente al robo de cajeros automáticos.

Uno de los aspectos donde se evidencia de forma clara la racionalidad de esta actividad delictiva es en la rápida innovación de los métodos empleados.

Según datos de Carabineros, en los años 2011 y 2012 el alunizaje fue utilizado en más del 70% de los robos. Hoy en día la cifra apenas llega al 18%. Una tendencia similar ha experimentado el oxicorte, que poco a poco ha quedado rezagado frente a las normativas de seguridad implementadas y la mayor efectividad policial.

La última innovación es el uso de explosiones por acumulación de gas para extraer las gavetas con el dinero. La preferencia por este método también puede explicarse por motivos racionales. El uso del gas es de rápida acción, lo que permite mecanizar cada movimiento para alcanzar el objetivo en un tiempo récord.

Frente a esta situación, se debe comprender que un delito racional requiere una respuesta racional: disminuir los beneficios y aumentar significativamente los costos para los delincuentes.

Es indispensable que la banca y las entidades del Estado, que manejan grandes sumas de dinero, internalicen progresivamente dentro sus costos la innovación en materia de seguridad.

Lo anterior no excluye, sin embargo, la responsabilidad estatal en este ámbito. El sector público tiene la misión de prevenir, controlar y sancionar el delito, mediante la acción oportuna de las policías y una eficaz persecución penal. Pero también es su labor fijar los estándares mínimos para la seguridad privada y fiscalizar el cumplimiento de los mismos.

Los resultados de este tipo de cooperación están a la vista. El 65% de los 252 robos frustrados entre enero y septiembre de 2014 se debió a la acción conjunta de Carabineros y los dispositivos de seguridad privados. Al mismo tiempo, ha aumentado el número de detenidos por estos delitos en 166,7%, respecto del mismo período del año anterior.

Los bancos que han sido diligentes en aplicar las medidas preventivas del Decreto 222 muestran resultados positivos. En definitiva, se necesita emplear medidas pertinentes, eficaces e innovadoras, donde cada actor asuma su cuota de responsabilidad.

En un mundo cada vez más interrelacionado, donde las decisiones u omisiones de unos afectan a otros, es fundamental comprender que la seguridad privada es parte esencial de la seguridad pública.