Salud mental de niños y adolescentes

Por Elisa Ansoleaga
Academica UDP

El Estado Chileno tiene pleno conocimiento de que buena parte de las diferencias en el resultado de la salud en niños, niñas y adolescentes (NNA) son injustas y evitables. La estrategia nacional de salud 2011-2020 se propone “reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos”, y señala la urgencia de avanzar en equidad vertical: asignar diferentes recursos para diferentes niveles de necesidad.

Chile ha ratificado un conjunto de tratados internacionales para la protección de los derechos de NNA, y el Estado chileno ha incorporado el enfoque de DD.HH. en regulaciones, políticas y programas, pero esto no se traduce necesariamente en acciones cotidianas del actuar público. Como plantea Michael Freeman, no basta con adherir a compromisos internacionales ni leyes si no se establecen recursos.

El Informe de DD.HH. 2014 de la UDP dibuja la dramática situación de la salud mental de NNA en Chile, detectando fallas en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, de la provisión de servicios. A pesar de sus compromisos, la respuesta del Estado ha sido asistemática y desarticulada, profundizando las enormes inequidades sociales: comuna de origen, nivel socioeconómico y la educación de los padres determinan el acceso y calidad de la atención.

Se requiere con urgencia emparejar la cancha. Avanzar en materia de equidad en salud mental infantojuvenil es una condición basal para transitar hacia una sociedad más justa. Para ello es crucial incrementar el presupuesto destinado a salud mental al 5% del gasto total en salud (hoy es 2,1%) y desarrollar servicios especializados en atención de la salud mental, de acuerdo con las necesidades de la infancia y en particular de aquellos NNA más vulnerados en sus derechos. Finalmente, se requiere contar con un enfoque de gobierno que articule las instituciones, las redes y los actores, mediante un órgano que coordine las diversas respuestas del Estado a la población infantojuvenil.