Violencia en el sur
“El Gobierno ha tenido al respecto una postura oscilante. El debate sobre los alcances de la ley antiterrorista no hace más que intensificar la sensación de impunidad”.
En las últimas semanas hemos vuelto a ver atentados incendiarios en la zona de la Araucanía. El conflicto lleva ya un tiempo considerable, y el debate sobre sus causas es tan complejo como largo.
Es evidente que los ataques se han incrementado de forma significativa en estos últimos días. Sólo esta semana se efectuó la quema de seis camiones, todos en la Ruta 5 Sur, supuestamente con vigilancia de Carabineros. Hay que agregar el corte y toma de caminos, además del atropello de un comunero mapuche, que resultó muerto. Las circunstancias aún se investigan.
El Gobierno ha tenido al respecto una postura oscilante. El debate sobre los alcances de la ley antiterrorista, cuya poca eficiencia se esgrime cada vez que brotan estos actos de violencia, no hace más que intensificar la sensación de impunidad. Y, de paso, la sensación de lejanía de los actores políticos.
La ciudadanía está expectante y, tal como lo demuestran las encuestas, después del atentado en el metro Escuela Militar parece haber subido considerablemente la vara de evaluación de la autoridad en estas materias.
Es claro que la reiteración de los bombazos en los que no se identificaban culpables estuvo entre las principales causas del aumento de la desaprobación de la Presidenta y de su gobierno, registrada por la encuesta de Adimark publicada hace dos días. La prueba en este caso es doble, pues apenas se anuncio la detención de los presuntos responsables del atentado del SubCentro de la estación del metro Escuela Militar, el Gobierno aumento rápidamente su aprobación.
No es un descubrimiento nuevo que la violencia en la zona de la Araucanía tiene también un efecto corrosivo en las percepciones de la población sobre la eficiencia policial y el desempeño del Gobierno. Es preciso que el Ejecutivo dé señales claras, firmes y sobre todo eficientes en el manejo de la Seguridad Pública del Estado, partiendo por la detención de los culpables y su puesta en manos de los tribunales.
Más que debatir las pertinencias o alcances jurídicos de cada una de las leyes aplicables, a saber, la ley antiterrorista o la Ley de Seguridad del Estado, lo que escasea aquí es un claro esfuerzo por el cumplimiento de la ley.