Bachelet y el Tribunal Constitucional

Por Luis Cordero Vega

Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado al Senado que en enero de 2015 expirarán en funciones dos jueces constitucionales que deben ser nombrados por el Senado mismo. Si el nombramiento no se produce en tiempo oportuno, el TC quedará sin quórum y no podrá funcionar. Quienes dejarán sus cargos serán Raúl Bertelsen, un profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Comisión que dio origen a la Constitución de 1980, y Hernán Vodanovic, un antiguo senador socialista.

¿Por qué es tan relevante la elección de los nuevos ministros del TC? Por dos razones: una conceptual y otra pragmática. La primera, porque el TC es una institución contramayoritaria que, interpretando la Constitución, define los límites de la convivencia posible, el respeto por la minorías y es la contención en el momento preciso en que la política desborda al Derecho. La segunda, porque es altamente probable que las reformas más importantes del Gobierno terminen en el TC durante 2015, en especial la educacional. La oposición ha anunciado que no negociará este proyecto, de modo que la defensa de sus principios los hará en el marco de la Constitución.

En ese contexto, ¿cuál es el perfil que deben cumplir los jueces constitucionales en esta etapa? La respuesta es compleja, pero hasta ahora los miembros del TC han sido de dos tipos. El primero, han sido juristas o profesores de Derecho con preferencias políticas. Los segundos, políticos con inclinaciones jurídicas. La diferencia esencial entre ambos es que los primeros entienden que la primera lealtad está con el Derecho, que pueden terminar interpretando en términos estratégicos de acuerdo con sus preferencias. Los segundos, en principio son leales a su origen y entienden el Tribunal como un campo de deliberación política, lo cual los hace creativos y poco predecibles.

En el actual Tribunal priman los primeros, pero durante un buen tiempo existió prevalencia de los segundos. La pregunta relevante, entonces, es por cuáles optara el Senado en los próximos meses. Existe mucho en juego para que esta elección sea trivial, aunque es evidente que serán designados considerando sus preferencias políticas.

Así el Tribunal Constitucional quedará nuevamente empatado, cuestión que puede variar en agosto de 2015 cuando la Corte Suprema nombre al reemplazo del ministro Francisco Fernández, uno de los primeros profesores de Derecho del Consumidor en nuestro país, pero también un antiguo militante socialista. La decisión que adopte la Corte en ese momento será muy relevante para definir el equilibrio al interior del TC y, de paso, la viabilidad de las reformas de la Presidenta Bachelet.