¿Hacia dónde va el Gobierno?

Por Sergio Muñoz Riveros

La credibilidad de la Presidenta Bachelet depende de su capacidad de rectificar. Ello supone reconocer que la desaprobación a la gestión de su gobierno tiene causas que no pueden ser ignoradas. Lo concreto es que el sentir mayoritario de la población no coincide con la ruta trazada.

¿Cómo se llegó a esto? Por una equivocada lectura de la realidad. Al volver luego de dos años en la ONU, Michelle Bachelet creyó que debía liderar un gran viraje en la vida del país. El relato de su candidatura sobreinterpretó las movilizaciones estudiantiles como señal de que la mayoría de los chilenos quería cambiarlo casi todo. “La calle” se convirtió en la deidad que anunciaba un supuesto cambio de época. Se ha dicho con razón que la ideología nace de aquellas ideas que se convierten en creencias.

“No más de lo mismo” fue la voz de orden en el comando de campaña. ¿Desdén por la experiencia concertacionista?, ¿vergüenza, quizás? Algo de eso. Tal visión fue reforzada por algunos académicos excitados ante la posibilidad de “demostrar” que no era cierto que Chile hubiera progresado tanto como decían los organismos internacionales, y que corrieron a ofrecer “otro modelo”. Hoy sabemos en qué consistía la novedad.

Ante la pérdida de apoyo, no sirve decir que las reformas deben explicarse mejor, que los ministros tienen que trabajar más o que los partidos oficialistas deben ser disciplinados. El asunto de fondo son los recelos provocados por las reformas. Se ha demostrado que con las mejores intenciones —reducir la desigualdad— se pueden diseñar políticas defectuosas.

El Estado debe ser un promotor de la inclusión social, pero eso no implica que aumente de tamaño ni que cope todos los espacios. Lo que se requiere es un Estado más eficiente, menos burocrático, que administre bien los recursos públicos y que no sea capturado por ningún grupo de interés. ¡Y sucede que demasiados funcionarios y asesores del aparato de gobierno están ganando sueldos obscenamente altos!

Si la Mandataria es efectivamente partidaria de una alianza público-privada que promueva el progreso, debe asegurar que ello se exprese en la educación. Su gobierno cometerá un grave error si, finalmente, empuja a numerosos sostenedores privados a salir del sistema, que es lo que ocurriría si el proyecto aprobado por la Cámara se convierte en ley tal como está. El Senado y el Mineduc están a tiempo de evitar el descalabro.

Al final de su mandato, la Presidenta no será evaluada por el porcentaje de cumplimiento del programa, sino por lo que su gobierno haya hecho respecto de la inversión, el crecimiento, el empleo, la salud pública, la educación municipal, la criminalidad, la seguridad energética, etc. Es hora de definir metas realistas para los 3 años y 3 meses que quedan.