Sistema de capacitación
“Resulta esperable y recomendable un reimpulso al proyecto de ley que fue ingresado al Congreso en 2013”.
Hace unos días sorprendió el anuncio del Sence de volver a financiar más de tres mil cursos que fueron parte de los ocho mil programas objetados y eliminados del registro del organismo en 2013, por su nulo impacto en empleabilidad, productividad y remuneraciones de los trabajadores. El director del Servicio argumentó la decisión de reeditarlos, aduciendo escaso análisis técnico a la hora de su eliminación.
Sin embargo, resulta difícil sustentar esta afirmación cuando fueron las crecientes críticas al sistema de capacitación y el aumento de escándalos por cursos no impartidos o hechos con otras finalidades que las de capacitar las que llevaron a la creación de una comisión transversal, liderada por el economista Osvaldo Larrañaga, para revisar el sistema.
Durante 2011 esta comisión entregó un informe, cuyas conclusiones fueron demoledoras: los datos recabados muestran que la franquicia tributaria no contribuye a mejorar significativamente los ingresos laborales ni la empleabilidad de los trabajadores, además de estar mal focalizados los cursos, puesto que son mayormente usados por las grandes empresas, favoreciendo así a trabajadores de ingresos altos y medio-altos.
En el primer párrafo de recomendaciones, se propone descontinuar el mecanismo de la franquicia tributaria, reasignándose los recursos hacia modalidades más efectivas. “Ello puesto que no se cumplen las condiciones necesarias para justificar la inversión de recursos públicos (…) y que las fallas del instrumento son lo suficientemente importantes para que se proceda a una reforma mayor en el sistema”.
Más allá de la decisión puntual de reponer los tres mil cursos, que genera interrogantes respecto de cuánto se respondió al lobby y presión de los Otec, y dado el consenso técnico y político que existe en torno a la necesidad de modernizar la política nacional de capacitación, resulta esperable y recomendable un reimpulso al proyecto de ley que fue ingresado al Congreso en 2013.
Este proyecto busca reformular el sistema actual –que le cuesta al Estado unos US$ 300 millones al año–, en torno a Consejos de Competencias Sectoriales, como funciona exitosamente en países como Nueva Zelanda. Dicho de otro modo, alianzas público-privadas que permitan orientar la capacitación a la demanda efectiva de las empresas que contratan, con un foco claro en la mejora de la empleabilidad de las personas.