De nuevo la cárcel

Por Luis Cordero Vega

Por estos días se han hecho públicas dos discrepancias sobre el modo de abordar los beneficios penitenciarios. La primera es la que ha sostenido el ministro de Justicia con la Corte Suprema, en orden a que éste afirma que no está obligado a otorgar los beneficios que decide una comisión especial, que fue implementada en nuestro país el año 2003. La segunda es la planteada por la subsecretaria de Prevención del Delito, respecto de los resultados de la Ley de Indultos dictada el año 2012. En ambos casos, las autoridades gubernamentales han manifestado discrepancias sobre el uso de estas atribuciones en el contexto de la agenda de seguridad pública.

Pareciera que muchos olvidan que ambas leyes fueron aprobadas por mayorías significativas en el Congreso con el propósito de resolver el hacinamiento carcelario y tratar de promover políticas adecuadas de reinserción social. Por ejemplo, la Ley de Indultos fue motivada por la muerte de 81 personas en el incendio de la cárcel de San Miguel, que se tradujo en un repudio público a las condiciones infrahumanas de los centros de privación de libertad, lo absurdo de las penas a las que muchas personas estaban condenadas y la edad de los afectados.

Las cárceles son lugares que nadie, razonablemente, desea mirar o del cual quiere leer. Son espacios de privación de libertad, transformados en sitios de indignidad, zonas donde habitan la pobreza y desesperanza. Durante largo tiempo, la ex fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado insistió sobre las condiciones de los recintos penitenciarios del país. Señaló que el sistema penitenciario está en una profunda crisis a consecuencia de las condiciones de hacinamiento, el desconocimiento de la dignidad de las personas, la violencia a la que se ven sometidas y la forma en que se aplican las medidas disciplinarias en su interior.

Es conveniente recordar en esta discusión que la evidencia demuestra que el sistema de enjuiciamiento criminal es altamente selectivo con los sectores más pobres de la población, por lo cual existe una especie de focalización implícita no sólo del delito, sino que de la persecución y el castigo, lo que genera una inevitable segregación social.

Cuestionar políticas públicas sensatas en este sentido, en base a coyunturas específicas, es de algún modo volver al discurso tradicional que la cárcel es el único medio legítimo de control para los temas de seguridad pública. Como tantas veces se ha de repetir, la sociedad más segura es la más justa, no la que tiene mejor organizados sus sistemas de represión, castiga más personas o desecha a seres humanos en verdaderos vertederos.