¿Integrar la vivienda social?

Por Francisco Maturana

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo acaba de lanzar un programa donde indica que existirá una política de vivienda, donde al menos el 20% de ellas estarán destinadas a familias “vulnerables” bajo el concepto de “vivienda social”. Esta medida llama profundamente la atención.

Primero porque se entregará un subsidio de 200 UF directamente a la empresa constructora. Lo cual implica que queda en manos de privados o al rol fiscalizador del Estado velar porque realmente ese dinero sea transferido en el precio y calidad de la vivienda a los futuros habitantes. Aspecto cuestionable, dado que hace 5 años fue realizado un programa similar, el cual implicaba un subsidio de 500 UF a las constructoras y no tuvo ningún efecto en las “familias vulnerables”, puesto que finalmente fueron otros los segmentos que accedieron.

Sumado a lo anterior, se indica que las viviendas tendrán un precio de venta de entre 900 UF y 2.000 UF; es decir, el valor más bajo de éstas oscilará en torno a los $ 23.000.000. ¿Usted cree que una familia con un presupuesto de 450.000 al mes (en mayo Fundación Sol indicaba que el 50% de los trabajadores/as gana menos de $263.473 mensuales) podrá realmente tener acceso a la vivienda “más barata”? Para qué decir en el valor cercano a 2.000 UF, monto que implica al menos un ingreso de hogar para ser sujeto a crédito de 1.200.000 mensual, sin considerar el ahorro previo.

Esto no sólo se traduce en una política de “vivienda social” poco viable, sino que está lejos de apuntar al segmento realmente vulnerable. No queda claro cómo el 20% más vulnerable podrá acceder ni tampoco está claro cómo se logra una “integración” social con esta medida.

En este sentido, los beneficios ya sea por aportes directos a constructoras o tributarios podrían ir en otra dirección. ¿Por qué no incentivar a que se construyan viviendas sociales en proyectos inmobiliarios sobre 3.000 UF y articular programas de integración? Ahí perfectamente sí se podría apoyar la idea subsidiaria, más aún pensando que dichos proyectos generalmente van asociados con un batería de servicios, los cuales impactarían de buena manera en los hogares vulnerables.

Por lo tanto, urge un rol del Estado pero de manera coherente entre el discurso y la práctica, en el que los privados deben estar presentes, pero bajo el prisma del beneficio de los más vulnerables. Entonces finalmente el objetivo es éste o subsidiar a las constructoras bajo el alero de “mover la economía”.