La responsabilidad del Senado

Por Luis Cordero Vega

En el sistema institucional existe una serie de organismos a los cuales hemos asignado valor a su independencia. Ejercen atribuciones que son centrales para la estabilidad del sistema democrático y explican su autonomía como fórmula para no quedar subordinados al Ejecutivo y al Congreso. Es el caso de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. De ahí que los mecanismos de designación son tan sensibles. Nadie desea que estos organismos sean capturados por grupos de intereses que dañen su independencia. Por ese motivo, se buscan mecanismos de nombramiento que traten de neutralizar esos riesgos.

Una de las instituciones a las que históricamente se les ha conferido legitimidad para eso es el Senado. Sobre él recae un número considerable de nombramientos, de los que habitualmente el Ejecutivo requiere su consentimiento. La razón que explica ese rol es su condición de segunda Cámara Legislativa y, particularmente, la función moderadora que le ha sido reconocida desde las primeras constituciones en nuestro país. ¿Por qué importa tener claridad sobre esto? Porque durante el año 2015 estas atribuciones del Senado serán intensamente ejercidas. Este deberá concurrir en el nombramiento de dos ministros del Tribunal Constitucional, un ministro de la Corte Suprema, el Contralor y el Fiscal Nacional. Todos titulares de organismos claves en el sistema de control público.

La responsabilidad del Senado es determinante en estos nombramientos, esencialmente porque debe ser leal al propósito de las atribuciones que le han sido conferidas, garantizando ante todo la independencia de dichas instituciones y evitando el cuestionamiento indebido a sus autoridades, porque su afectación daña a la democracia. Por eso preocupa la manera en que se está abordando el nombramiento de los dos ministros del Tribunal Constitucional que deben asumir funciones en enero próximo. Así como nos importa quienes llegan al Banco Central, porque una decisión de política monetaria equivocada puede perjudicar la economía; así también nos debería preocupar quienes llegan al Tribunal Constitucional, porque un error en sus decisiones compromete las libertades y derechos de todos.

No parece razonable entender estos nombramientos como un mecanismo de distribución de cargos para la política. Son mucho más que eso, se está decidiendo sobre quienes integran al organismo que interpreta el alcance de nuestros derechos esenciales, los límites de las mayorías y las reglas de nuestra convivencia colectiva. Esto pareciera demasiado importante como para dejarlo a decisiones de comité.