Tramitación tensionada

El Gobierno aspira a que a más tardar el próximo 31 de enero sea despachado por el Congreso el proyecto de reforma educacional que ingresó a discusión legislativa a mediados de este año. No obstante, se están complicando las posibilidades de cumplir con ese plazo, pero no por acción de los distintos detractores de la reforma —oposición, actores sociales, Iglesia o expertos varios—, sino fundamentalmente debido a las discrepancias que algunos aspectos clave del proyecto generan entre las propias fuerzas políticas de la Nueva Mayoría.

Nuevamente, se trata de diferencias que enfrentan a la DC con el resto de la coalición en torno a temas tan importantes como los plazos para acabar con el copago, la posibilidad de distinguir colegios en función de su tamaño, los términos de la propiedad o usufructo de la infraestructura o el tipo de sanciones al lucro. Todos ellos, temas que relevan diferencias de fondo dentro de la coalición gobernante.

Tras dejar el Senado, el proyecto podría llegar a una comisión mixta de ambas cámaras. Lo preocupante es que el cariz del debate al interior del oficialismo hace prever que esa etapa no conducirá preferentemente a un análisis más ponderado, sino a una mayor polarización y radicalización de las respectivas posturas. Junto con dificultar la tramitación, ello probablemente reduzca el espacio para hacer las correcciones y agregar las mejoras que todo proyecto necesita.

El actual escenario político parece corroborar la conveniencia de haber seguido el camino de la reflexión ponderada en lugar de una suerte de tramitación expedita que se está revelando poco practicable. Enmendar el rumbo, sin duda, conllevaría costos políticos relevantes en el corto plazo, pero bien podría resultar en una reforma educacional de mejor calidad, lo cual debiera ser el objetivo principal de todos los involucrados en su discusión.