Cambios a la Ley de Lobby
“Aunque es bienvenida la celeridad con la cual el Gobierno envió correcciones, las nuevas causales presentan inconvenientes”.
A fines del año pasado, ad portas de entrar en vigencia la Ley de Lobby, la Cancillería advirtió que podía traer complicaciones diplomáticas, pues la exigencia legal de hacer públicas las agendas de casi 5 mil autoridades y funcionarios amenazaba la reserva de las reuniones que los embajadores de Chile sostienen en el extranjero. El Gobierno anunció en ese momento que enviaría una modificación legal para evitar dicho riesgo, reconociendo acertadamente que las conversaciones diplomáticas a menudo exigen privacidad.
La modificación ingresó al Congreso la semana pasada, pero, junto con hacerse cargo del flanco mencionado —en lo cual había consenso político—, establece nuevas restricciones que despiertan reparos y que el Ejecutivo parece no haber socializado previamente con actores relevantes en este debate. Por ejemplo, con los cambios propuestos, la Ley de Lobby sólo regiría dentro del territorio nacional, por lo que no sería obligatorio informar las audiencias de autoridades en el exterior —no sólo los diplomáticos—, un espacio de opacidad para el cual no se aprecia la justificación. Asimismo, no sería necesario comunicar reuniones o viajes de funcionarios públicos que estuvieran relacionados con asuntos de salud pública y comercio, como tampoco las giras financiadas con fondos propios de una institución estatal determinada.
Aunque reconoce que la reserva de las reuniones diplomáticas “es el punto que requiere una mejor precisión legal”, insistió ayer el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo, que “lo demás, salvo que se entreguen algunas razones que nosotros en este momento no conocemos, no nos parece que se justifique”.
Aunque es bienvenida la celeridad con la cual el Gobierno envió su propuesta para corregir un potencial error en la legislación, las nuevas causales de exención presentan inconvenientes a la hora de alcanzar el objetivo de una mayor transparencia. Cambios como los sugeridos, que tocan aspectos de fondo y no incidentales —como en el caso de los embajadores—, deberían esperar a que la ley haya pasado por un período de rodaje más extenso que las escasas semanas de vigencia que hoy tiene.
Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que una ley que representa un avance en materia de transparencia del Estado no termine diluyéndose en exenciones que derrotan su propósito.