Caso Penta

La relación entre el dinero y la política es algo tan antiguo como esta última. Esta combinación ha sido siempre objeto de controversias y dilemas que han hecho recurrir a la ética para intentar delimitar aquellas complejas fronteras. Sin embargo, ha sido en la era de la política democrática cuando la opinión pública se ha involucrado de lleno en sus consecuencias.

En nuestro país, el tema tampoco es nuevo y ha afectado a diversos sectores políticos. Pensemos, sin ir más lejos, en el caso MOP-Gate, que remeció al gobierno del ex Presidente Lagos, pero del cual logró salir fortalecido. El caso Penta, por su parte, tiene ciertas particularidades que lo hacen tanto o más grave, pero no por esto insuperable. Desde luego, es distinto cuando se trata de dinero estatal empleado para financiar ilegalidades.

Lo primero que habría que señalar es que la investigación de este caso recae sobre un sector y, en particular, sobre un partido, la UDI, que ha hecho del combate a la corrupción y las malas prácticas una verdadera bandera de lucha. De a poco han surgido las declaraciones de los involucrados, quienes lo han atribuido a errores, filtraciones y posteriormente algunos han hecho una especie de mea culpa. Los ciudadanos son capaces de perdonar a quienes cometen irregularidades, faltas e incluso delitos (lo hemos visto también en todos los sectores), pero son mucho menos benevolentes con quienes engañan o faltan a la verdad. Las declaraciones del senador Moreira constituyen, por lo mismo, una muy buena señal.

Preocupa también el nivel de compromiso de uno de los conglomerados empresariales más grandes del país y un grupo de altos ejecutivos de larga trayectoria involucrados en este caso, en pleno proceso judicial. Independiente del resultado del fallo, esto daña las confianzas y erosiona la fe pública. Más aún si consideramos que habría instituciones del sector financiero integrando esta trama.

Resulta fundamental que esto se aclare, por el bien de restituir la confianza en las instituciones políticas y en el poder legislativo. Deben concordarse cuanto antes las modificaciones a la regulación del financiamiento. Sin embargo, es preciso que la polémica abierta con este caso no impida que privados, respetando la ley, puedan seguir aportando a favor de sus opciones políticas.