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El seguro de Huenchumilla

Por Luis Cordero Vega, profesor de Derecho Universidad de Chile.

“La propuesta del intendente Huenchumilla no tiene nada de descabellada”.

Publicado el 05/01/2015

Por Luis Cordero Vega, profesor de Derecho Universidad de Chile.

El intendente Francisco Huenchumilla propuso la aprobación de un seguro estatal que indemnice a la víctimas que han sufrido atentados en la Novena Región, a consecuencia de que algunas actividades en ese lugar suponen un riesgo y, “frente a estos riesgos, el Estado tiene que responder”.

¿Tiene sentido la propuesta del intendente? En mi opinión, sí. Como ha sostenido Jorge Pinto —premio nacional de Historia 2012— los problemas vinculados con el denominado conflicto mapuche son esencialmente consecuencia de la falta de Estado, no necesariamente policial, sino de un conjunto de políticas públicas inadecuadas u omitidas que están asociadas al conflicto por largo tiempo.

La existencia de fondos para indemnizar a víctimas es una figura relativamente conocida en las experiencias comparadas, especialmente desde los años 70 en los países de la Unión Europea. Lo que suele suceder es que bajo determinadas circunstancias sociales —daños masivos, delitos violentos, terrorismo, violaciones de derechos humanos, riesgos sanitarios colectivos— las soluciones tradicionales, vinculadas a exigir judicialmente indemnizaciones, son inútiles para compensar a los afectados por la dificultad de identificar a los sujetos responsables, las relaciones de éstos con el daño y la indeterminación en las responsabilidades de agencias gubernamentales, de manera que el riesgo lo terminan asumiendo las propias víctimas, generando complejas insatisfacciones para la convivencia colectiva.

En prácticamente todos esos casos, los países en algún momento —en base a un elemental principio de solidaridad— deciden establecer fondos indemnizables a los cuales puedan recurrir las víctimas de este tipo de daños con el propósito de obtener reparaciones efectivas, en procedimientos sencillos distintos a los judiciales. El Estado luego se subroga en sus derechos y puede demandar directamente a los autores del daño con posterioridad.

En general se indica que sistemas de estas características, excepcionales por lo demás, podrían establecer incentivos para internalizar conflictos complejos. En la medida que todos los contribuyentes estemos obligados a compensar a las víctimas, existe un interés colectivo que impone al Estado un rol activo en la protección de los afectados.

La propuesta del intendente Huenchumilla no tiene nada de descabellada. Por el contrario, es sensata y deja en evidencia que los instrumentos tradicionales para enfrentar este tipo de conflictos en ocasiones pueden ser superados, por lo cual es razonable asumir solidaria y colectivamente esos riesgos.

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Jorge Edwards

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