(Ir)responsabilidad política de Penta
Por María Jaraquemada, Directora de Incidencia, Ciudadano Inteligente.
“Con el pasar de los días, nos vamos enterando de más detalles del Caso Penta: correos en que se solicita el pago de deudas de campaña…”.
Por María Jaraquemada, Directora de Incidencia, Ciudadano Inteligente.
Con el pasar de los días, nos vamos enterando de más detalles del Caso Penta: correos en que se solicita el pago de deudas de campaña, correos de controladores del grupo intentando influir en un proyecto de ley y un reconocimiento explícito de un senador de la República de haber obtenido financiamiento irregular.
La ley de financiamiento a la política establece como sanciones a su infracción sólo multas. No podemos olvidar que obtener un escaño o cargo público con fraude a dicha ley no sólo constituye una infracción legal, sino que también un fraude a la fe pública. Las personas que ostentan cargos de representación popular tienen un deber de probidad y de apegarse al cumplimiento de las normas mayor que cualquier ciudadano común. Por esto, es increíble que cuando una de estas personas —reconociéndolo públicamente o no— vulnera las normas que sustentan nuestra democracia no sea sancionada con, al menos, la pérdida del cargo que obtuvo de modo ilegal.
En otros países, como Bélgica, Brasil, Colombia, Francia y Nueva Zelandia, se contempla dicho mecanismo. De la misma manera, una gran mayoría de países contempla sanciones de prisión en casos de infracciones graves a las normas electorales. En otros como Estados Unidos, no se puede concebir que una alta autoridad se mantenga en su cargo si le ha mentido públicamente al país o reconoce haber cometidos infracciones a la ley. Asimismo, en nuestro país hay una serie de proyectos de ley que han intentado establecer esta sanción.
Estas infracciones son lo suficientemente graves para nuestra democracia y la confianza —cada día más baja— que los ciudadanos tienen hacia las instituciones políticas, como para que los responsables —al menos— asuman la debida responsabilidad política y, además, sean sancionados con penas lo suficientemente altas.
La próxima semana comenzará en el Congreso la discusión del proyecto de ley que modifica el financiamiento a la política. Sin duda éste es un tema no menor, por lo que hacemos un llamado al Gobierno y a los parlamentarios a que eleven el costo de cometer actos de corrupción electoral.