PUC y diversidad de familias
Luis Larraín Stieb, Presidente de Fundación Iguales.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó —en su segundo trámite legislativo— el proyecto de Pacto de Unión Civil (PUC), luego de un arduo debate en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y tras 4 años de discusiones en el Senado.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó —en su segundo trámite legislativo— el proyecto de Pacto de Unión Civil (PUC), luego de un arduo debate en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y tras 4 años de discusiones en el Senado.
Los dilatados debates convergieron en el perfeccionamiento de un marco legal que reconoce el espíritu familiar de la vida afectiva en común, estable y permanente de dos personas, garantizando sus derechos y regulando todos los efectos jurídicos que deriven de esta unión. Este acento ha sido fruto de un permanente trabajo de las organizaciones que lucharon incansablemente por transitar del mero resguardo patrimonial del proyecto original hacia la integridad de un carácter familiar.
Los diputados aprobaron las resoluciones del Senado en materia de formalización del vínculo y seguridad social, pero además resolvieron las deudas pendientes en tres grandes demandas. Superaron las barreras en asuntos de sucesión, pasando de la figura de legitimario a heredero para el conviviente civil, lo que permite al sobreviviente gozar de los mismos derechos de un cónyuge. También aprobaron el reconocimiento en Chile de los matrimonios celebrados por personas del mismo sexo en el extranjero. Sus efectos serán los mismos a los de un PUC. Este paso nos deja conformes pues, si bien en Chile está pendiente una legislación de matrimonio igualitario, es un avance, ya que otorga una opción similar a la de parejas de distinto sexo casadas en el exterior.
Finalmente, primó la cordura respecto del cuidado de hijos e hijas, entregando la posibilidad —sin órdenes de prelación— al conviviente civil o cónyuge de representar una opción para el cuidado personal del menor. Con foco en el interés del niño, la idoneidad de cada adulto interesado será calificada por los Tribunales de Familia.
Aunque quedaron temas pendientes, nos satisface saber que contaremos con una ley que apuesta a la protección de la diversidad de familias, una realidad en nuestro país, cuya desprotección de garantías básicas es histórica. Confiamos en que los senadores seguirán entendiendo dicha urgencia y despacharán una ley urgente y necesaria, antes del término del presente año legislativo.