Visitas a Leopoldo López
“Venezuela debe entender que hacer oídos sordos a la crítica, denunciar intervencionismo y acusar complots no sustituyen lo que el país necesita”.
Al igual que otros políticos y autoridades extranjeras antes que ellos, los ex mandatarios Sebastián Piñera y Andrés Pastrana (Colombia) no pudieron visitar el domingo en Caracas al líder opositor Leopoldo López, encarcelado en un penal militar hace casi un año. Tampoco pudo verlo en noviembre pasado el ex ministro José Antonio Viera-Gallo, acompañado de la esposa de López y una delegación de la Internacional Socialista.
Según Piñera, lo que ocurre en Venezuela es preocupante, ya que “está en riesgo la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la independencia de los poderes”, opinión que compartió Eduardo Frei.
Hasta ahora, Nicolás Maduro ha respondido a críticas extranjeras con los mismos argumentos que usa contra sus detractores domésticos: se trata de intentos de desestabilizar al régimen chavista, de asesinar a su líder o de conspirar para derrocarlo, con la ayuda de la ultraderecha venezolana, el narcotráfico colombiano, el imperialismo estadounidense y, en el caso de Chile, el pinochetismo.
En realidad, tal como recordaron ayer 13 ex ministros de la Concertación en una carta que entregaron al embajador venezolano en Santiago, López y otros “permanecen presos por razones políticas” y así lo han hecho ver organismos de la ONU, como el Alto Comisionado de DD.HH., el Grupo sobre Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura, además del Parlamento Europeo, la Internacional Socialista y la ODCA, entre otros.
Antes que un plan orquestado a nivel internacional para derrocar al gobierno bolivariano —de lo cual éste nunca ha ofrecido pruebas más allá de la retórica—, lo anterior sugiere una legítima y creciente inquietud por la deriva autoritaria que se observa en Venezuela, una de cuyas facetas es la falta de autonomía de un Poder Judicial que actúa como extensión del Ejecutivo. Este último es un punto que la OEA ha señalado con alarma en sucesivos informes sobre Venezuela, junto con la falta de garantías democráticas y la fragilidad del Estado de Derecho.
Venezuela debe entender que hacer oídos sordos a la crítica, denunciar intervención en sus asuntos internos y acusar complots magnicidas no son sustitutos para lo que el país realmente necesita: la decisión política de enfrentar los serios problemas que aquejan a su democracia.