Carta al Vaticano
“La decisión de diputados de la República de hacer un reclamo a una designación de la Iglesia retrotrae a lo que ha sido en nuestro país la relación entre Iglesia y Estado”.
Un grupo de diputados ha enviado una carta al Papa Francisco para hacer ver su rechazo a la designación de Juan Barros como obispo de Osorno. Los diputados apelan a que, en su vida sacerdotal, Barros ha estado fuertemente ligado al ex párroco de El Bosque Fernando Karadima, y consideran que ha sido connivente con sus delitos.
Más allá de la libertad de expresión que posee cada ciudadano y, con mayor razón, la de los fieles que deseen estar comunicados con su pastor, la decisión de diputados de la República de hacer oficial un reclamo, referente a una designación que es prerrogativa absoluta de la Curia vaticana, retrotrae a lo que ha sido en Latinoamérica, y más puntualmente en nuestro país, la relación entre Iglesia y Estado.
La separación de ambas entidades en Latinoamérica fue tardía. En Argentina, por ejemplo, la separación de Iglesia y Estado no fue promulgada sino hasta el gobierno de Carlos Menem. Para asumir la Presidencia de Argentina, él debió bautizarse y asumir la condición de católico, como lo exigía en ese entonces la Constitución de ese país. Esta decisión significaba que dejaba de hacerse efectivo el estipendio clerical que entregaba el Estado, con dineros de los contribuyentes, a todos los curas argentinos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Pero en Chile, la Constitución de 1925 estableció la separación. Así, nuestro país fue uno de los primeros del continente en separar a la Iglesia del Estado. Este debate comenzó a cimentarse durante el siglo XIX, con planteamientos formales de acabar con el concordato. Entre sus principales promotores se encontraban figuras relevantes de la política chilena y del espíritu republicano, como José Victorino Lastarria, Domingo Santa María y el mismo Balmaceda, entre muchos otros. Pero le correspondió a Arturo Alessandri poner el fin al vínculo constitucional. El Estado chileno no tiene incidencia en las designaciones de obispos y autoridades eclesiásticas, así como no correspondería la objeción de un cardenal en la designación de algún alto funcionario público.
No obstante, la Iglesia tiene una voz muy potente en la ciudadanía en temas morales y ayuda humanitaria. La Iglesia y el Estado en Chile, si bien han separado aguas, deben convivir en una mutua coordinación y respeto.