Chile es un mito

Por Luis Cordero Vega

Días atrás en la Berlinale, Patricio Guzmán, destacado documentalista chileno, señaló que “Chile es un mito”, porque aunque más “civilizado” que los países de su entorno, mantiene profundas desigualdades y no supera la ideologización del golpe de Estado.

Bastante de cierto hay en esas palabras cuando se aprecian las reacciones tras la renuncia de Sebastián Dávalos, especialmente de aquellos que tratan de construir un caso legal, frente a lo que se puede calificar como imprudencia con consecuencias estéticas, éticas y políticas.

Nuestro país ha sido testigo, en el último tiempo, de una de sus debilidades institucionales estructurales: el confuso límite entre las prácticas privadas y la función pública. El conjunto de casos que se pueden suscitar en ese intervalo de relaciones son muchísimos y van desde las relaciones impropias al cohecho.

Desde que en 1999 se dictaran las normas de probidad, ha existido una resistencia para profundizar las delimitaciones adecuadas entre negocios y política. Esto no sólo se refiere al financiamiento de campañas o de partidos políticos, sino que también a la compatibilidad del ejercicio de actividades privadas de quienes ejercen una función pública. Mientras no regulemos razonablemente esa situación, en especial para las autoridades de mayor responsabilidad, seguiremos expuestos a escándalos o imprudencias que lesionan seriamente la confianza pública.

Creer que aumentando las exigencias de las declaraciones patrimonio e intereses resolveremos problemas de este tipo es, de algún modo, ingenuo. Lo que pareciera debiéramos evitar es dejar a las autoridades públicas con mayores poderes de decisión, en posiciones estructurales de conflicto de interés. Para eso, esas personas no sólo no deben administrar sus patrimonios –es lo que se encuentra tras un genuino sistema de fideicomiso ciego–, sino que en ocasiones es razonable obligar a dichos funcionarios a enajenar forzosamente algunos de sus activos cuando las decisiones que pueden adoptar inciden directamente en los mercados en los que ellos actúan.

Aunque los casos Penta y Caval tienen consideraciones sustancialmente distintas desde el punto de vista legal, ambas tiene en común consecuencias indeseadas en la confianza de los ciudadanos y, de algún modo, reafirman la tesis de Guzmán: Chile es un mito, a menos que decida enfrentar sin eufemismos y conveniencias particulares los límites entre lo público y lo privado. Adoptando las decisiones correctas es donde está el test público de la rectitud, y no en declaraciones destempladas. Como en pocas ocasiones, el Congreso tiene una oportunidad que no puede desaprovechar y una agenda bastante conocida por abordar.