Ciudadanía y transparencia
“La Ley del Lobby apela implícitamente a la capacidad de la ciudadanía para tomar cartas en el asunto”.
El caso Penta, el yate, el escándalo de Caval y ahora el de Soquimich, han reabierto el debate acerca de los progresos que recientemente Chile ha tenido en el terreno de la transparencia. El lobby, que permite a distintos grupos de intereses ejercer presión sobre decisiones de políticas públicas, es un aspecto clave a considerar si se quiere avanzar en este sentido.
En las sociedades contemporáneas, el lobby se acepta no sólo como parte inherente a las relaciones entre la administración pública y el sector privado, sino también como actividad beneficiosa en tanto permite defender intereses particulares frente al poder estatal, al tiempo que ayuda a tomar decisiones informadas a los servidores públicos.
Hoy la mayoría de los países cuentan con una legislación regulatoria. Es el caso de Estados Unidos, donde una ley del año 1995, modificada en 2007, regula minuciosamente la práctica del “cabildeo”. A pesar de ello, en el país del norte las críticas se han concentrado en la falta de fiscalización al respecto.
En Chile, la Ley N° 20.730, o Ley del Lobby, fue recientemente aprobada, en marzo de 2014. Ella establece que tanto los “sujetos pasivos” (funcionarios públicos) como los “sujetos activos” (lobbistas) tienen el deber de informar de audiencias, donativos y viajes. Esta información debe ser pública y se reúne en el sitio Infolobby.cl. Sólo considerando los donativos, en los últimos dos meses se contabilizan 595 destinados a ministros y subsecretarios.
La clave de la normativa reside en el deber de informar. Mientras los sujetos que intervienen en el lobby tienen esta obligación, otros funcionarios públicos deben denunciar los casos de ejercicio del lobby no registrado y la ciudadanía en su conjunto tiene la opción de hacerlo. Así, la Ley del Lobby apela implícitamente a la capacidad de la ciudadanía para tomar cartas en el asunto.
La última encuesta CEP de noviembre de 2014 revela que el 53% de los chilenos no se interesa por la política, mientras que un 30% está “algo” interesado y un 4% no sabe o no contesta.
No basta con que la información sea pública, es necesario considerar si la participación política ciudadana está a la altura de esta tarea, no sólo en términos de denunciar casos de lobby no registrado sino también en términos de considerar críticamente cómo este tipo de prácticas pueden inclinar la balanza en la toma de decisiones. Parece ser necesario fortalecer la participación ciudadana para avanzar en una verdadera transparencia.