Derecho a ser oídos

Por Hai Kyung Jun
Representante de Unicef para Chile

Recientemente hemos recibido con satisfacción el positivo anuncio de la Excma. Corte Suprema respecto de la construcción e implementación de 26 nuevas salas Gesell en distintos juzgados de Familia del país. Esta es una clara muestra del avance en la protección y reconocimiento de los derechos de los niños, en el contexto del acceso a la justicia.

La medida, que debería concretarse este año y que conlleva una importante inversión de recursos, tiene por finalidad adaptar los procesos judiciales que se dan en la jurisdicción de familia. Asimismo, se otorgará un tratamiento especializado y no invasivo a los niños que se ven enfrentados a procedimientos que muchas veces se alejan de los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con este anuncio del Poder Judicial se materializará una exigencia por la cual tanto la sociedad civil como la comunidad internacional han abogado por más de 10 años. Esta medida tiene por objeto concretar el derecho del niño a ser oído en condiciones adecuadas, procurando no afectar otros, como el derecho a la intimidad y la integridad física y psíquica. Al mismo tiempo, contribuirá a que quienes forman parte del sistema de justicia tomen debidamente en cuenta las opiniones de los niños, en un contexto que suele ser hoy complejo e incluso a veces traumático.

Por otra parte, e igualmente importante, escuchar a los niños y niñas en lugares especialmente habilitados, acogedores y que no provoquen un sentimiento de intimidación constituye el primer paso frente al desafío de terminar con situaciones de revictimización y reafirma el propósito de que el principio de interés superior sea una consideración primordial, tal como lo ha expresado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Finalmente, esta medida también implica un importante desafío para el Estado de Chile. Al cumplirse el derecho del niño a ser oído, se deberá velar al mismo tiempo por un sistema de justicia especializado, acorde con la legislación chilena y con la Convención sobre los Derechos del Niño, que cumple 25 años de vigencia en el país.