Empezó la precampaña

María Jaraquemada
Directora de Incidencia Ciudadano Inteligente

Aunque quedan un poco menos de dos años para las próximas elecciones parlamentarias, al parecer algunos diputados ya habrían empezado su precampaña.

Varios medios han señalado que diputados estarían haciendo uso de pasajes aéreos de libre disposición, financiados con recursos públicos, para iniciar una precampaña en las circunscripciones a las cuales aspiran a ser candidatos para 2016. Si bien las normas del Congreso permiten que los parlamentarios utilicen a su criterio dichos pasajes, no podemos olvidar que éstos tienen una finalidad determinada: ejercer la labor parlamentaria en regiones.

Los parlamentarios, como toda autoridad pública, están sujetos a un deber de probidad y de cumplimiento de las normas legales, mayor al que de cualquier ciudadano común. Por esto, no sólo es exigible que cumplan con las normas de manera literal, sino que también respetando su espíritu.

No cabe duda de que el uso de pasajes no fue concebido para que éstos sean utilizados para realizar precampaña financiada por el Estado, con una anticipación bastante mayor a la contemplada por la ley —3 meses previos a la realización de las elecciones—. Si bien nada obsta para que los parlamentarios realicen acercamientos a ciertas zonas para determinar si postularán o no para representarlas, no es aceptable que esto se realice con recursos fiscales y en tiempos destinados a representar a sus actuales electores.

No es primera vez que se discute algo similar. En 2013 fueron muchas las críticas al receso parlamentario de octubre, para realizar campaña, con sueldos pagados por el Estado, lo que otorga una gran ventaja al titular del cargo en disputa.

No basta cambiar el sistema electoral y el de financiamiento a la política para nivelar la cancha entre incumbentes y desafiantes. Es necesario que aquellos que cuentan con la ventaja de tener un cargo público no se beneficien de éste para la contienda electoral. El Congreso es el que debe definir líneas claras sobre cómo se debe actuar con los recursos públicos y exigir la devolución de aquellos dineros gastados en actividades diversas a las estrictamente parlamentarias, sin perjuicio de establecer sanciones cuando corresponda.