¿Es independiente el Poder Judicial?

Han ocurrido fallos —como el caso del hijo del ex senador Carlos Larraín— que justifican el argumento sobre la falta de independencia de nuestros tribunales. No comparto dicha visión. Una cosa es tener los medios para contratar un buen abogado que ocupa todos los recursos legales para liberar a su cliente, aprovechando también el mal desempeño de la fiscalía, y otra cosa diferente es sostener que los jueces no tienen probidad ni actúan con corrección. Por cierto, existen señorías negligentes, incluso corruptas. No obstante, por lo general, son los vacíos legales, leyes deficientes o falta de reformas a nuestro sistema legal lo que impide hacer justicia, lo cual es responsabilidad de los legisladores.

Reconozco que el Poder Judicial no siempre ha actuado con independencia. La verdad, nuestros tribunales son como el camaleón: cambian de color según la ocasión. Han demostrado tener una enorme capacidad para adaptarse a las circunstancias históricas. Desde el nacimiento de la República hasta 1973, el Poder Judicial actuó con un fuerte sesgo al servicio de la vieja oligarquía. Se impartía una justicia clasista, dando pie al discurso de la izquierda sobre la falta de justicia en Chile. Luego, durante la dictadura, el Poder Judicial estuvo sometido al mandato de la Junta Militar. Los jueces, amedrentados por la brutalidad, no fueron capaces de defender los derechos humanos. Los que eran condescendientes con el autoritarismo, simplemente ignoraron los abusos. Posteriormente, durante la transición, fueron tímidamente ejerciendo su autonomía. Quizás la culminación de dicho proceso fue condenar a los principales violadores de los derechos humanos y procesar al general Pinochet, cosa nada menor.

Actualmente presenciamos un Poder Judicial empoderado y sigiloso de su independencia. El caso Penta y otros tantos delitos de alta envergadura han demostrado que nadie está sobre la ley. En este sentido, como institución, son quienes mejor pueden velar por el respeto de los derechos de la mujer, los trabajadores, consumidores, emprendedores, y del individuo.

Más allá de los intentos de la política por mejorar el sistema democrático, actualmente son los tribunales los que mejor pueden garantizar un desarrollo equitativo, inclusivo y velar por la protección del medio ambiente. Sin duda, está el riesgo de una judicialización extrema. Sin embargo, mientras la clase política no demuestre una verdadera independencia y capacidad de defender el bien común sobre sus intereses partidistas y privados, no queda otra alternativa que confiar en el Poder Judicial, a pesar de sus deficiencias. Soy de los que creen que la justicia tarda, pero llega. Así de simple.