Reforma laboral con más Estado

Por Alfonso Andrés Swett

La Dirección del Trabajo (DT) tiene un rol clave para un Estado que debe promover simetrías y evitar abusos y conflictos poco sanos. Hoy tiene dos funciones clave: fiscalizar y mediar. La reforma laboral introduce una tercera función, que es resolver. Esto le permitiría a la DT ser parte en el mismo proceso de negociación colectiva, lo que no sería bueno por dos razones:

En primer lugar, las empresas tienen estrategias, modelos de negocios, funciones tácticas, culturas y resultados muy distintos entre sí (incluso dentro de un mismo sector). Lo anterior exigiría de la DT un conocimiento cabal de cada empresa (muy difícil). En segundo lugar, tanto trabajadores (CUT) como empleadores (CPC) no ven con buenos ojos una negociación de tres con el Estado. Cualquier institución que por sí sola dé la sensación de invocar esa terrible frase de Luis XIV “El Estado soy yo” no generará confianza en los dos actores fundamentales de una negociación colectiva (trabajadores y empresarios). Esto podría debilitar el rol de la DT y sus fundamentales funciones en el mundo económico y social del trabajo.

A la DT, antes que ampliarle sus funciones, hay que fortalecerla desde el punto legal y de recursos. En términos legales, se debe a una estructura orgánica de 1967, en la cual el empleador sólo debe informar el término de una relación laboral. Esto hace muy difícil para la DT realizar su función de fiscalización. ¿Por qué no empoderar a la DT con una modificación legal que obligue a las empresas también a informar cuando se inicia una relación laboral? Esto le permitiría fiscalizar en forma mucho más eficiente el pago de salarios mínimos, de imposiciones, de indemnizaciones, etc.

En segundo lugar, ¿por qué no fortalecer y modernizar a la DT con más recursos? Si en Chile hay alrededor de 1.600.000 empresas, la DT sólo tiene 402 personas en terrenos. 402 personas que en 2013, con un esfuerzo admirable, pudieron fiscalizar a 10.000 empresas (menos del 1%).

Mejoras legales y de recursos permitirían menos informalidad (un gran desafío del mercado laboral Chileno) y menos abusos (una gran demanda ciudadana). La prioridad no debiera ser sólo más Estado. Ante todo, hoy, Chile necesita un mejor Estado.