Aportes reservados

El caso Penta abrió la polémica en torno a los aportes reservados por parte de empresas hacia los candidatos. Diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron a favor de la eliminación de esta figura, e incluso en la Cámara de Diputados se aprobaron ya dos indicaciones de reforma a la legislación pertinente.

Parece perderse de vista que lo que se juzga hoy en tribunales es el fraude fiscal perpetrado por Penta y no los aportes reservados a la política. Estos no constituyen un delito, sino que, por el contrario, están regimentados por la Ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. El fundamento detrás del mantenimiento del anonimato en estos aportes es que éste está teóricamente destinado a evitar la “compra” de favores políticos a cambio de fondos para campaña electorales.

Los cuestionamientos a los aportes reservados provienen, por tanto, del terreno ético. Esta misma falta de transparencia es cuestionada, puesto que se supone que los candidatos sí saben de dónde provienen los fondos, mientras que la ciudadanía lo ignora. Asimismo, se pone en tela de juicio el hecho de que sea el dinero el recurso más importante para dirimir una contienda electoral, al punto de que se incurre en delito, como al emitir boletas ideológicamente falsas, a cambio de obtener este tipo de donativos. La capacidad clave de un candidato parece ser, entonces, su habilidad para acaudillar en torno suyo a empresarios generosos.

Una investigación reciente del CEP demostró que los aportes reservados han sido una pieza clave del funcionamiento del sistema democrático chileno en las últimas tres elecciones parlamentarias. El estudio concluye, con base en datos de 2005, 2009 y 2013, que es posible establecer una correlación entre el financiamiento que un candidato desafiante recibe a través de esta vía y sus probabilidades de éxito en la contienda. Además, los aportes reservados parecen ser de relevancia a la hora de dirimir disputas políticas al interior de cada una de las dos alianzas que rigen en la política nacional, siendo posible determinar que mientras más álgida es la contienda interna, más fondos se logran movilizar.

En un contexto general de desprestigio de la política y baja participación ciudadana, cabe preguntarse si en el sistema democrático chileno no se han devaluado los proyectos políticos para dar prioridad a los recursos. Quisiéramos creer que las buenas ideas deberían ser capaces de trascender el balance neto de pancartas y volantes de un candidato.