Gasto en textos escolares

El alto precio de los textos escolares ha generado polémica durante la última semana. Se dijo que el mismo tipo de material tiene un costo para el Gobierno de alrededor de 1.400 pesos, mientras que, en librerías, las versiones publicadas por editoriales privadas alcanzan precios superiores a los 20.000 pesos. Según cálculos de parlamentarios de la comisión de Educación de la Cámara, un 64% de los gastos escolares que las familias deben afrontar proviene de los libros.

Si bien las casas editoriales plantean que sus textos son de calidad superior y que hay costos relativos a comercialización y distribución que es necesario cubrir, el Gobierno defiende la calidad de sus libros, que de acuerdo a los especialistas ha mejorado notablemente en los últimos años, y llama a los padres a ejercer su derecho a negarse a comprar el material suplementario exigido por algunos colegios particulares subvencionados.

En el caso de los colegios privados, los representantes comerciales de las editoriales ofrecen beneficios y establecen acuerdos con los directores de colegios, de modo tal que se requiere que todos los alumnos adquieran una marca específica de material. Quien paga por el libro no es quien elige qué libro comprar. Además, en el caso de los colegios particulares subvencionados que rechazan los libros del Mineduc, se comprende que la exigencia de onerosos textos escolares actúa como un filtro encubierto para seleccionar a sus alumnos.

Cabe preguntarse si es ésta la mejor inversión posible de recursos en educación. Parece ciertamente un despropósito este gasto anual por parte de las familias en textos escolares ciento por ciento idénticos a los del año anterior. Sobre todo, considerando que podrían utilizarse soportes más versátiles, como libros electrónicos o recursos en internet, que al mismo tiempo otorgarían herramientas de alfabetización digital a nuestros estudiantes.

Al parecer, la polémica por los textos escolares deja traslucir otro tema de fondo, de vigencia en la agenda política nacional desde 2006. La discusión gira en torno a determinar si la educación es un derecho o un negocio en el que también resultan beneficiadas las casas editoriales. Aunque las posiciones polarizadas nunca llevan a buen puerto, incluir el problema de los textos escolares en la reforma educativa puede ser necesario en estos momentos.