Instituciones bajo la mira

Las revelaciones del caso Penta asestaron un fuerte golpe al prestigio de figuras políticas, mayoritariamente vinculadas a la UDI, pero por la naturaleza de las probables infracciones, la sombra de duda se extendió rápidamente sobre la totalidad del establishment político. Ahora, con el estallido de la llamada arista Soquimich y la posibilidad de que el financiamiento irregular de campañas políticas también haya sido una práctica de miembros de la Nueva Mayoría —y antes, de la Concertación—, incluso una figura oficialista tan relevante como el presidente del PS ha creído oportuno aclarar que en su coalición no habrá espacio para “defensas corporativas”, pues “el que metió las patas tendrá que asumirlo”.

Lo cierto es que el escándalo ha ido adquiriendo ribetes que suponen un importante desafío para la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones involucradas en sus distintas facetas. De hecho, la interacción entre el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Servicio de Impuestos Internos ha generado una dinámica de auténtica pugna institucional que, junto con entrabar el avance del proceso judicial, oscurece aún más los temas en discusión, en lugar de dar luces sobre lo que está realmente en juego y cómo enfrentarlo. En más de una ocasión, ya sea porque actuaron fuera de sus atribuciones o porque no las ejercieron a cabalidad, las instituciones mencionadas han dado razones para que la opinión pública las considere parte del problema, antes que de su solución.

Así, el caso Soquimich ha contribuido a crispar el clima de la opinión pública, de por sí predispuesta a juzgar negativamente a la clase política y empresarial en razón de los casos Penta y Caval, alentando la sospecha de que “todos” deben ser culpables de “algo”, sin importar su color político. En este ambiente no sorprende que tantas autoridades, políticos, analistas y líderes de opinión hablen de “mantos de silencio”, instituciones que “crujen” y “secretos inconfesables”.

Todo esto resulta profundamente nocivo para la confianza ciudadana en la que se sustenta la legitimidad de las instituciones democráticas. Los actores institucionales que desempeñan un rol en los procesos en curso deben evaluar sus próximos pasos a la luz de este preocupante escenario, o correr el riesgo de seguir socavando tanto su credibilidad como su efectividad.